Jesús Martínez Medina
El régimen, en su estado agónico, insiste en intensificar la persecución y la violencia, deteniendo, controlando, torturando y asesinando a quienes se oponen al nefasto sistema político y social que tratan de imponer, violando las normas y principios de protección internacional de las personas, reconocidos en textos e instrumentos internacionales de alcance universal que son, sin duda alguna, vinculantes no solamente porque han sido recogidos en esos textos, sino porque forman parte del derecho internacional general.
El asesinato del señor Jesús Martínez Medina, miembro de Vente Venezuela, ocurrido mientras estaba detenido por las fuerzas de seguridad del Estado por simplemente haber sido “testigo de mesa” en Lechería durante las elecciones del 28 de julio pasado, refleja el carácter criminal del régimen que ignora las normas mínimas de protección de todo ser humano.
La tiranía detiene en forma arbitraria y tortura y trata en forma inhumana a quienes consideran sus enemigos solamente por disentir y expresar su rechazo a la forma tiránica y criminal de gobernar de un grupo minoritario, cada vez más cercado, violando así todas las normas y principios que la comunidad internacional ha acordado en diversas resoluciones de los órganos internacionales, especialmente de las Naciones Unidas.
Ignoran, en efecto, normas y principios fundamentales como el que toda persona sometida a cualquier forma de detención o de prisión “será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” recogido en los Principios adoptados por las Naciones Unidas en 1988 sobre la protección de todas las personas detenidas o presas. Igualmente, ignoran deliberadamente el régimen y sus esbirros que esas personas no pueden ser sometidas a tortura o tratos o penas crueles inhumanas o degradantes. Además, entre otras y ello en relación con el asesinato del señor Martínez Medina, debe ofrecerse a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado y atención y tratamiento adecuados cada vez que sea necesario.
Una vez “consumado” el asesinato, pues no hay otro término para calificar la intención del o los carceleros en el caso del miembro del partido Vente Venezuela, tendrán que facilitar la investigación de los hechos, como bien lo establece el Protocolo de Estambul de 2016, en el que se recogen una serie de directrices para investigar las muertes en custodia. Este protocolo, debemos recordar, es “una herramienta indispensable para orientar las investigaciones en muertes sospechosas, garantizar la rendición de cuentas por violación del derecho a la vida y aportar la verdad y justicia a los familiares de las víctimas”. El Estado deberá permitir el acceso a expertos y forenses para determinar los hechos, permitiendo investigaciones sobre la escena del delito, entrevistar a los sospechosos y a los testigos, llevar a cabo el examen post mortem, entre otros.
El carcelero conocía muy bien el estado de salud del activista político, pero se le abandonó -como en tantos otros casos- hasta la muerte. Un asesinato más que duele a los venezolanos que luchamos por la libertad y la democracia y que refleja que todo esto responde a una política del Estado, lo que contextualiza el crimen de lesa humanidad, investigación que sobre lo que ocurre en Venezuela está hoy en manos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que habrá de determinar más pronto de lo que muchos imaginan, la responsabilidad penal internacional individual de los autores, que son muchos, en especial quién dio la orden, quién no impidió que la situación del miembro de Vente Venezuela empeorara y lo llevara a la muerte, quién lo torturó criminalmente. Y no hay exoneración de esa responsabilidad por cumplir órdenes, ni por el rango que tengan, tampoco los superiores que tenían que haberlo impedido. Todos tendrán que rendir cuentas y los responsables pagar por este asesinato que insisto, enluta a la familia venezolana, a la democracia y a la aspiración de libertad.
La tiranía no deja por supuesto de simular y aparentar ante la opinión pública, especialmente la internacional, que actúa conforme al derecho. Las declaraciones de sus voceros son patéticas. El fiscal del terror, encargado de perseguir y castigar a los demócratas, anunció con un cinismo ofensivo, seguramente presionado por la realidad que les toca ahora vivir, que iban a revisar más de 200 casos abiertos después del 28 de julio por cuanto el régimen “respetaba los derechos humanos y la dignidad de la persona” y que la aplicación de la justicia y el respeto del debido proceso, entre otros, eran plenamente respetados por su gobierno. Si el cinismo y la burla fueran delito, quien funge de fiscal general de la República, tendría que rendir cuentas ante la justicia.
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