El magistrado imputa a Juan José Güemes después de que negara haber contratado a Gómez en el Instituto de Empresa por ser esposa del presidente del Gobierno mientras pide información sobre sus cuentas sin explicar para qué
El juez Peinado se adentra en la burocracia universitaria para extender sin límite el caso contra Begoña Gómez
El juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de siete meses a Begoña Gómez tras una denuncia de Manos Limpias que aportaba como prueba varias noticias de prensa, sigue centrado en escudriñar cada una de las etapas profesionales de la mujer del presidente del Gobierno.
Sus últimos movimientos están centrados en la época en la que dirigió el IE África Center, un proyecto de la escuela privada de negocios para impulsar la innovación en el continente africano al que Gómez se incorporó después de que Sánchez desembarcara en la Moncloa. Tras no hallar indicios de irregularidad en la relación que estableció en el IE con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, y que después fue rescatada por el Gobierno en la pandemia; el juez investiga ahora si hay algún fleco irregular en su fichaje por ese centro privado.
Esa nueva línea de investigación llevó este lunes ante el juez al directivo de IE y exconsejero autonómico del PP en Madrid Juan José Güemes. Fue citado como testigo y acabó como imputado tras negar que hubiera dado la orden de contratar a Begoña Gómez por ser esposa del presidente del Gobierno. Ante el juez, el que fuera uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre trató de explicar que la contratación de Gómez se había debido a su experiencia en el ámbito de la captación de fondos.
Eso, según el juez, se contradice con lo afirmado en sede judicial por otra testigo, la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Esta directiva señaló a Güemes como la persona que le había dado la orden de contratar a Gómez para dirigir el IE África Center. Aseguró que su sueldo ascendía a 55.000 euros al año en 14 pagas.
En un tenso interrogatorio, Peinado llegó incluso a plantear un careo entre ambos comparecientes. Finalmente, acordó que el testigo volviera de nuevo ante el juez, pero acompañado de un abogado. En una providencia, el juez se limita a citarle para el próximo 18 de diciembre, pero no especifica ni los hechos que motivan su cambio de condición ni los delitos que le atribuye de forma indiciaria.
No es la primera vez que Peinado imputa a un testigo después de escuchar sus respuestas en el juzgado. Lo hizo con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster que dirigió Gómez en la Universidad Complutense y al que tiene en el punto de mira por sus adjudicaciones públicas en contratos relacionados con la innovación. Y también con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que en sus dos comparecencias negó haber dado trato de favor a Gómez y se desvinculó de la creación de la cátedra que la mujer del jefe del Ejecutivo codirigió en el campus madrileño. Al igual que en el caso de Güemes, el juez tampoco ha aclarado de qué les acusa.
En su última resolución, el juez también carga contra la citada Gil de Antuñano. Así, ordena que su testimonio se derive a otro juzgado para investigarla por un delito de desobediencia por “no atender” a un requerimiento que le hizo. Sin embargo, tampoco detalla el contenido de ese requerimiento. Cuando le tomó declaración el pasado octubre le pidió que justificara con documentos a qué cuenta bancaria se giraban las nóminas que recibía Gómez.
El último movimiento del magistrado no está ligado de forma concreta a una de las múltiples ramificaciones del caso, pero se adentra en un territorio que el juez todavía no había pasado: el patrimonio de Gómez. En la misma providencia en la que imputa a Güemes, Peinado solicita información a las autoridades sobre sus cuentas bancarias y sobre su matrimonio con Pedro Sánchez. En cuanto a lo primero, el juez se dirige al Punto Neutro Judicial y solicita la lista de cuentas bancarias de las que sea titular Gómez. En cuanto a lo segundo, pide al Registro Civil los datos de su matrimonio, que en la práctica da acceso a la información sobre si están en régimen de gananciales o separación de bienes.
El juez no explica por qué imputa a Güemes y tampoco por qué pide estos datos. Son peticiones de información habituales cuando un juzgado tiene necesidad de indagar en el patrimonio de un investigado, ya sea para investigar sus cuentas o hacer una averiguación de cara a imponer, por ejemplo, embargos o fianzas de cara a un futuro juicio. La causa, en términos generales, se basa en las sospechas de las acusaciones populares de que Gómez aprovechó su matrimonio con el presidente del Gobierno para impulsar su carrera profesional.
Las otras ramificaciones del caso se encuentran, por ahora, avanzando a un ritmo más lento. Una de ellas es la que analiza si el empresario Barrabés se benefició de su relación con Gómez obteniendo contratos públicos de la empresa pública Red.es, algo que por ahora han negado los diversos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un exdirectivo de la compañía, incluso, ha afirmado en sede parlamentaria que las cartas de Gómez apoyando el proyecto no influyeron en la adjudicación.
Otra parte de la investigación gira en torno a los dos másters y la cátedra que Gómez dirigió en la Universidad Complutense hasta este año. Por un lado, el juez indaga en si el centro dio trato de favor a Gómez por ser esposa de Sánchez, algo que por ahora han negado tanto los testigos como el rector imputado. Más recientemente ha abierto una nueva pieza separada para analizar una querella de HazteOir que acusa a Gómez de haberse apropiado de forma ilegal de un software desarrollado para su cátedra.
