Álvaro Romillo, considerado el cabecilla de Madeira Invest Club (MIC), el 'chiringuito financiero' al que se investiga en la Audiencia Nacional por la macroestafa de más de 100 millones de euros a más de mil inversores, declara este miércoles por primera vez como imputado por la entrega de 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez para la financiación de su campaña para las últimas elecciones europeas.
El empresario acudirá acompañado de su abogado a la Audiencia Nacional a las 10:00 horas de la mañana a las que está citado para ser interrogado en calidad de investigado por el magistrado José Luis Calama, la Fiscalía, la acusación popular que ejerce el despacho Aránguez Abogados en representación de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, y de su propia defensa.
Romillo podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo las preguntas de su representación legal o algunas sí y otras no del conjunto de las partes.
Se prevé que la acusación le preguntará por la vinculación entre su entramado societario al que se señala por ser una estafa piramidal y el líder de Se Acabó la Fiesta (Salf), además de por qué razón se facilitó esta cantidad de dinero en metálico y no a través de una transferencia, y que posterior destino tendrían estos fondos, como indican fuentes jurídicas a LA RAZÓN.
El magistrado Calama también había ofrecido al europarlamentario la posibilidad de acudir este miércoles a prestar declaración voluntariamente media hora después de su denunciante y, de igual forma, le planteaba la posibilidad de que aportase documentos, propusiese pruebas o fuese partícipe de las diligencias probatorias.
El letrado del político presentó un recurso contra esta decisión señalando que la proposición vulnera su derecho fundamental a la defensa ya que está aforado en el Tribunal Supremo como europarlamentario -es el único tribunal que puede investigarle-.
En el recurso acusó al juez de estar "extralimitándose" en sus competencias al llamarle a declarar siendo aforado y con la pretensión investigarle", disfrazándolo todo ello de "voluntariedad".
Romillo fue el que confesó ante la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de septiembre haberle entregado 100.000 euros al principal dirigente de Salf. La legislación establece como límite económico que una persona no podrá donar anualmente más de 50.000 euros a una formación política y, por otro lado, que cualquiera superior a 25.000 debe ser comunicada al Tribunal de Cuentas.
Ya solo la cantidad de dinero que le habría dado Romillo a Alvise para hacer frente a los gastos de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo es el doble del máximo que establece la legislación y es, por ello, además de que porque presuntamente se realizó sin constancia para las autoridades, que declara esta jornada como imputado por un delito de financiación ilegal de partidos.
En su denuncia Romillo relata que tuvo contacto directo por primera vez con Alvise el pasado 29 de marzo y fue el ahora eurodiputado el que le contactó por WhatsApp mostrando su interés por concretar una reunión para plantearle la idea que de que comenzase a prestarle asesoramiento.
El 4 abril le vuelve a contactar para crear una cartera de criptoactivos para que los interesados -sus seguidores- pudiesen realizar aportaciones y financiar a "ardillas" -colaboradores suyos- dedicados supuestamente a conseguir documentos e información para ser empleada mediática o judicialmente en la lucha contra la corrupción que él dice liderar. El propietario de Madeira Invest Club asegura que le respondió afirmativamente a su consulta.
Posteriormente, Romillo le envío la invitación a uno de los eventos que organizó con su compañía -de la que la CNMV advirtió que no estaba autorizada para actuar como operador de inversiones- en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela el pasado 6 de abril y en el que el político estuvo ayudándole a promocionar los servicios que ofrecía de elusión fiscal e inversión ahora bajo sospecha.
Y dos jornadas más tarde, el día 9 de abril de este año, le expuso Alvise varias de las "necesidades" que dijo tener en ese momento y, entre las que sobresalen, la relativa a disponer de "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" para su formación, como ahora denuncia Romillo que ocurrió, y con el objeto de con esta financiación "poder hacer crecer" Salf.
Pasado un tiempo, le pide el diputado en el Parlamento Europeo que "le cree y tutorice" una cartera financiera "para la recaudación de sus seguidores y me traslada la urgente necesidad de recoger fondos" porque precisa "entre 300.000 y 600.000 euros" para afrontar los gastos de su proyecto político. El empresario le dice que "cree" que puede "lograrlo".
Finalmente, convienen la creación de la planeada cartera , "que son las que finalmente publica" en su canal oficial de Telegram con el fin de que "le realicen" sus seguidores "pagos" dirigidos a la "financiación de la campaña" de las europeas.
Al mismo tiempo, le propone a Romillo difundir entre sus clientes la campaña de recaudación, pero él decide que es mejor hacerlo entre los que tiene en la otra de sus empresas, Sentinel, dedicada a almacenar bienes como el oro y joyas, además de documentos, en cajas fuertes.
Consiguen algún ingreso, pero Alvise le "indica que va demasiado lento y el tiempo le come para los pagos de la campaña". Así ocurrió, según consta en la denuncia de un Álvaro Romillo que asume sus responsabilidades ante la Justicia y muestra su disposición a colaborar con la Justicia.
