La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, pidió a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración eliminar de la segunda versión de la ley jaguar los artículos declarados inconstitucionales por la Sala IV, para que así el proyecto pueda avanzar. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió hace una semana que los artículos restantes no aportan ninguna innovación, sino que constituyen una reiteración normativa.
Los dos artículos que la ministra pidió eliminar son los que, en criterio de la Contraloría General de la República (CGR), permitirían al gobierno efectuar contrataciones a dedo. El primero de ellos, el número 4, se incluyó para contratar la construcción de Ciudad Gobierno –por hasta $450 millones– al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sin concurso público. Se trataba de una norma de alcance general.
El otro, el número 5, pretende que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) pueda contratar la construcción de una marina y una terminal de cruceros en Limón.
“Diputados, por favor avancemos con la parte del proyecto que la Sala Constitucional nos dijo que está bien, las reformas a la Contraloría. Hay dos artículos que son inconstitucionales, pero no sabemos cuáles son los roces que tienen, y no sabemos cuándo la Sala nos va a dar el voto completo. Ha pasado mes y medio desde que comunicaron los roces de constitucionalidad, pero seguimos esperando el voto”, justificó Fernández.
Cuando el TSE analizó los artículos restantes del proyecto de “ley jaguar”, determinó que no aportan ninguna innovación. Al contrario, los magistrados rechazaron una solicitud de recolección de firmas para un referéndum sobre este texto, al considerar que destinar ¢3.000 millones a una consulta de este tipo implicaría un uso ineficiente de los recursos públicos.
TSE rechaza recolección de firmas para referéndum sobre segunda ley jaguar
El único artículo que sobrevivió al examen de la Sala IV pretende indicar que la Contraloría General de la República (CGR) no puede abarcar ni sustituir asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa; el TSE advirtió de que esa limitación ya existe.
La congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado, criticó la solicitud de la ministra. La diputada reclamó que el gobierno achaque a la Asamblea Legislativa oponerse a la construcción de Ciudad Gobierno o la marina de Limón, pero al mismo tiempo, Fernández solicita eliminar esos artículos.
“Me confunde, porque le dicen al pueblo que, si no se aprueba la ley jaguar no hay Ciudad Gobierno, no hay marina en Limón, y que la gente no quiere ser pobre. Pero usted misma nos viene a pedir que no hagamos la reforma a Japdeva ni la reforma a la Ley de Contratación. ¿Entonces? Creo que esto ha sido un prueba y error, y para no irse sin nada, ahora nos vienen a decir que solo aprobemos una parte”, declaró la diputada verdiblanca.
Delgado criticó que, con las modificaciones solicitadas por Fernández, el proyecto de ley ya no tendrá nada que ver con la construcción de infraestructura pública. Al contrario, aseguró que el gobierno renuncia a estas dos obras y no propone alternativas para su edificación.
“Creí que usted hoy venía a hacer una explicación o plantear opciones para cumplirle a esa gente con la que ustedes se comprometieron, pero en lugar de eso, nos están pidiendo que no aprobemos dos artículos de la ley. No se dejen engañar, hoy el gobierno acaba de renunciar a los dos proyectos. Me confunde y me molesta que primero nos venga a decir todo, y después nos digan ‘nos equivocamos, es inconstitucional, no va’”, añadió la congresista.
Tercera ley jaguar no aporta ninguna innovación, concluye Servicios Técnicos
El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), indicó que su fracción está de acuerdo con la construcción de Ciudad Gobierno, pero cuestionó por qué el gobierno no realiza la obra mediante mecanismos de contratación transparentes. Puso como ejemplo el edificio de la Asamblea Legislativa, que se construyó mediante un fideicomiso.
Fernández respondió que los fideicomisos se reportan contablemente como endeudamiento y, por lo tanto, el gobierno buscó otros mecanismos para no aumentar la relación deuda-PIB del país.
En setiembre del 2023, la Contraloría advirtió al Gobierno de que es ilegal la forma en que pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno, sin concurso público, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ante consultas de Ortega, Fernández admitió que no descartan presentar nuevas versiones de la ley jaguar.
La ministra también reclamó que la Contraloría obligue a las instituciones públicas a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta agenda incluye metas como el fin de la pobreza, lucha contra el hambre, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género.
Según Fernández, el órgano contralor incurre en coadministración al imponer el acatamiento de estos objetivos. “Estamos opuestos, esas no son las funciones que le da la Constitución Política y su ley orgánica a la Contraloría, eso no es fiscalización de la hacienda pública”, afirmó la jerarca.
Rodrigo Chaves dice que Objetivos de Desarrollo Sostenible no son urgentes para Costa Rica
