Imagine que, para realizar una actividad comercial, el Estado lo obligara a cumplir con los siguientes requisitos: permiso previo; informarle mensualmente cómo le va con el negocio e, incluso, en algunos supuestos, dar información diaria; cumplir con los requisitos de hardware y software, así como con la política tecnológica que sea exigida por el Estado.
No solo eso. Deberá cumplir con la estructura de gobierno (junta directiva, comités, controles) que le pida el Estado; ejecutar las acciones específicas que este le solicite para reducir el riesgo de su actividad; y, por requerimiento expreso, preparar y acondicionar una oficina para que los empleados estatales se instalen en su negocio y lo vigilen de cerca.
Pero si ya eso le parece demasiado, todavía hay más: deberá entregar al Estado la información relativa a su negocio, incluida, por supuesto, toda la financiera, la cual deberá ser auditada por auditores externos pagados por la empresa. Asimismo, deberá contratar cualquier auditoría especial que el Estado considere necesaria.
En el caso de que su negocio le permita generar dividendos, todavía no se alegre. Puede ser que el Estado le impida distribuirlos o lo obligue a capitalizarlos, así como a aportar dinero adicional para incrementar el capital de su empresa.
Finalmente, es posible que del Estado le lleguen órdenes, con regañada incluida, que luego aparezcan públicamente, aunque la regañada sea injusta, la orden sea arbitraria y ninguna de las dos esté en firme.
Este es el esquema de regulación y supervisión financiera aplicado a lo largo de las últimas décadas, al amparo de Basilea, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la OCDE y demás entidades que tienen a su cargo estas materias, y es, por tanto, el esquema utilizado en Costa Rica.
Es un esquema absolutamente intervencionista, más propio de un Estado totalitario que de un Estado liberal, con un alto costo económico, no solo en términos de la institucionalidad pública, sino también del costo que los supervisados deben afrontar para cumplir con las obligaciones.
Es, además, un esquema de supervisión que, debido a su naturaleza intervencionista, genera una alta contingencia fiscal.
Resulta increíble que el mercado financiero, el cual es el mercado más capitalista, sea, a la vez, uno de los más intervenidos y protegidos de todos los mercados.
En los últimos días, apareció una propuesta legal para facultar a los supervisores a destituir o remover a gerentes y miembros de juntas directivas de las entidades financieras.
Esta propuesta constituye la cúspide del proceso de intervención del Estado en las entidades financieras y podría tener consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado frente a cualquier persona afectada por la insolvencia de una entidad financiera (lo cual, personalmente, considero que ya existe), ya que el Estado tendría una injerencia real o potencial en los más altos ámbitos de la dirección y control de la entidad financiera.
Personalmente, considero este proyecto inconveniente y llamo la atención para que, al legislar, se tenga especial cuidado de que no caigamos en un sistema de privatización de ganancias y socialización de las pérdidas.
También es el momento de que Costa Rica incida en el cambio que el sistema de supervisión financiera mundial requiere, lo cual es posible por medio de su participación en los diversos organismos internacionales que dictan las pautas del sistema. Seamos participantes activos, no simples tomadores de apuntes.
Elian Villegas Valverde es abogado y fue presidente del Instituto Nacional de Seguros y ministro de Hacienda.
