Hidalgo, 19 de noviembre.- La directora Analía F.P. y Luis C.M. jefe de custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mixquiahuala, Hidalgo, fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), esto derivado de los hechos ocurridos donde dos reos fueron liberados.
Ambos funcionarios estarían implicados en el operativo que realizó un comando armado que logró interceptar el pasado 5 de noviembre a un vehículo oficial en el que viajaban 2 policías procesales y 3 detenidos, entre ellos Luis Fernando Ugalde y Juan Pablo Sánchez Mendoza acusados por el delito de secuestro, y quienes fueron rescatados.
De acuerdo a los reportes, un presunto comando armado viajaba en un vehículo Nissan Tsuru blanco, hizo un cerrón al transporte oficial en el que viajaban los reos, con violencia lograron rescatar a los 2 hombres, tras lo cual escaparon con rumbo desconocido y cambiaron de medio de transporte 2 ocasiones.
Según la PGJEH, las investigaciones lideradas por un agente del Ministerio Público revelaron elementos que vinculan a la directora del penal y al jefe de custodios con la planeación y facilitación de la evasión.
Las órdenes de aprehensión de las personas involucradas fueron emitidas por un juez de control y ejecutadas en la ciudad de Pachuca.
Los detenidos fueron trasladados al Cereso de Pachuca, donde permanecerán en espera de su audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.
Además de las recientes detenciones, dos agentes procesales involucrados en el traslado ya fueron vinculados a proceso.
De acuerdo a información de las autoridades, estos elementos podrían enfrentar penas de más de diez años de prisión por omisión en el cumplimiento de su deber al no oponer resistencia durante el rescate de los reos.
La PGJEH continúa las investigaciones para identificar a otros posibles responsables de la fuga, por el momento las audiencias iniciales de los detenidos definirán el curso legal del caso, mientras las autoridades trabajan para recapturar a los reos evadidos y desmantelar posibles redes de complicidad dentro del sistema penitenciario.
