La tarde de este lunes, luego de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados tuviera una sesión especial para tratar el dictamen de Contraloría que cambia el criterio sobre la llamada “confianza legítima”, el presidente de la instancia, diputado Luis Cuello (PC), junto a su par, diputado Leonardo Soto (PS), presentaron un proyecto que busca establecer por ley dicho criterio.
La Comisión de Trabajo de la Cámara recibió a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Los gremios expresaron su preocupación, ya que aseguran que el dictamen es un retroceso en materia de protección de los derechos de las y los trabajadores. Por esta razón, se solicitó una reconsideración dirigida a la contralora Dorothy Pérez, para la cual no existe una fecha de respuesta.
José Pérez, presidente nacional ANEF, aseguró que el dictamen les “violenta” y “es un retroceso”, porque la “confianza legítima” era un recurso frente a la fragilidad contractual de las y los trabajadores a contrata tras dos años de vinculación, criterio que la contralora cambió a cinco años.
Además, señaló que la decisión de la contralora afecta la estabilidad y la tranquilidad laboral, justo ad portas de cambios en las administraciones regionales y comunales. A su vez, Pérez fue enfático en destacar que las y los funcionarios trabajan para el Estado de Chile y “no para el Gobierno de turno”.
Gremios de funcionarios públicos y diputados oficialistas realizan punto de prensa en el Congreso Nacional. Foto: Aton.
Por su parte, el presidente de la CUT, David Acuña, calificó el dictamen como evidencia de abandono de deberes y denegación de servicios por parte de la Contraloría, porque las y los trabajadores públicos no cuentan con otra institución a la cual recurrir para defenderse ante un despido injustificado. Por esto, planteó su preocupación de que la primera resolución de la contralora sea “quitarle un derecho a las y los trabajadores”.
Al respecto, Carlos Insunza, consejero nacional de la central de trabajadores, señaló que con este dictamen cerca de 270 mil trabajadores quedan desprotegidos. Asimismo, la abogada Carolina Guzmán indicó que es necesario legislar sobre la materia, para mejorar las condiciones de las y los funcionarios.
En la comisión, las y los diputados expresaron su preocupación ante la situación denunciada. Frente a esto, evalúan invitar a la instancia a la contralora general y a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
También se cuestionó el rol de la Contraloría. Incluso se calificó como “vergonzoso” que no se asuman sus responsabilidades y se obligue a la judicialización de estos casos.
En sus intervenciones, relevaron la inestabilidad de quienes trabajan bajo la modalidad de contrata. Así también, enfatizaron en la necesidad de tomar medidas para garantizar sus derechos laborales. Eso sí, aclararon que la solución legislativa es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
ANEF protesta en las afueras de la Contraloría General de la Republica (08/11/24). Foto: Aton.
En el proyecto, que interpreta la confianza legítima tanto en el estatuto administrativo de funcionarios públicos como en el de funcionarios municipales, se establece: “Todos aquellos empleos a contrata que hayan sido prorrogados por segundo año consecutivo cuentan con la confianza legítima en el respectivo organismo de la Administración del Estado o Municipalidad en que cumplan sus funciones, según corresponda, para seguir desempeñando sus labores”.
El presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Luis Cuello, expresó que han “trabajado en un proyecto de ley que interpreta tanto la norma administrativa central, estatuto administrativo, como también el estatuto administrativo de funcionarios municipales, para interpretar la norma en el sentido de plasmar en la ley el principio de confianza legítima”.
“De tal forma que aquellos funcionarios de contrata que lleven más de dos años, se presuma que ellos continúan sirviendo en el Estado”, destacó.
Sumado a lo anterior, el parlamentario declaró su disposición para trabajar con la Mesa del Sector Público en otras alternativas que permitan “revertir este escenario riesgoso que precariza a los trabajadores, que daña a su estabilidad y que daña a sus familias”.
