Manos Limpias, una de las acusaciones populares en la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso del novio de Díaz Ayuso, ha recordado al instructor que mantiene sin resolver su petición, presentada hace justo un mes, de que suspenda como medida cautelar a Álvaro García Ortiz en el ejercicio del cargo mientras dure la investigación judicial.
El sindicato de funcionarios lo había reclamado a la Sala Segunda del TS el pasado 18 de octubre al considerar que su continuidad como máximo responsable dela Fiscalía General pone en "entredicho" y "en riesgo" que el Ministerio Público ejerza de manera "eficaz y legal" su función y la "integridad" de este proceso penal.
La razón concreta, entiende esta acusación, es que "no puede intervenir de forma plenamente imparcial" ya que la fiscal que interviene en su causa, que es la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, su "número dos" a la postre en el órgano, lo hace "sometida a la dependencia jerárquica" de García Ortiz.
Manos Limpias defendió que la "mera abstención" de García Ortiz como investigado "no bastaría para evitar esta quiebra de la imparcialidad" al seguir ostentando, en cualquier caso, "una posición jerárquica superior" sobre los demás miembros del Ministerio Fiscal.
Pudiendo, aún así, el fiscal general "adoptar decisiones de índole profesional, con efectos incluso económicos, que les afecten personal y directamente llegando incluso a conservar las facultades disciplinarias sobre ellos", lo que redundaría en "una situación de sometimiento informal a su voluntad por quien debiera intervenir" en la causa especial contra él en nombre del Ministerio Público.
Asimismo, defendía en su escrito el letrado que le representa, Víctor Soriano, que le deben ser aplicadas las reglas previstas para los jueces y magistrados en lo relativo a cuanto establece la legislación (tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) que prevé la suspensión cuando se proceda contra un juez o magistrado -extensible también a los miembros de la carrera fiscal- por hechos relativos al ejercicio de su cargo.
Hay que recordar que a García Ortiz se le imputó tras haber asumido la "responsabilidad última" del comunicado que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre las negociaciones que estaban manteniendo el fiscal madrileño de delitos económicos, Julián Salto, con la defensa de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las conversaciones iban encaminadas a la firma de un acuerdo de conformidad en el que el empresario reconocía la comisión de dos delitos de fraude fiscal a cambio de evitar una pena de cárcel.
Primero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidió al Supremo su imputación al observar indicios de que se había difundido datos privados y reservados de González Amador tanto por parte de García Ortiz como de la fiscal jefe provincial de Madrid. A ello también se refiere esta el sindicato que lidera Miguel Bernad.
En definitiva, el argumento de peso que presenta esta acusación para exigir su suspensión provisional en la responsabilidad de fiscal general del Estado es que "existe un riesgo claro de afectación a la integridad del proceso, por la imposibilidad material de que el Ministerio Fiscal participe en el mismo con la imparcialidad que le es legalmente exigible, al ser cualquier representante del organismo un dependiente jerárquico" del propio García Ortiz.
