La conselleria de Interior admite que el "porcentaje de no grabaciones" de actuaciones con las Taser ha aumentado debido a problemas con las baterías de las cámaras pese a que la normativa obliga a almacenar las imágenes
Annoris, hermana del primer muerto por el disparo de una Taser de los Mossos: “Hay que prohibir las pistolas eléctricas”
Los Mossos d'Esquadra han disparado un total de 212 veces sus 120 pistolas eléctricas desde el año 2018. El uso de las conocidas como pistolas Taser se ha saldado con 209 personas ilesas, una herida y una muerta, según los datos que ha entregado la Conselleria de Interior a preguntas del diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio. También se electrocutó a un perro peligroso en 2023.
La policía catalana comenzó a utilizar pistolas eléctricas en junio de 2018. Desde entonces este tipo de armas se ha visto inmersa en la polémica debido a su potencial uso lesivo, comprobado en el caso del hombre que padecía una enfermedad psiquiátrica de Badalona fallecido en 2021 tras el disparo de una Taser. La causa se encuentra bajo investigación judicial tras señalar la Audiencia de Barcelona déficits en la auditoría interna de los Mossos.
Tras más de un lustro de funcionamiento, el balance realizado por la propia policía catalana también constata que la muerte de una persona disparada por Taser ha sido una excepción. La inmensa mayoría de impactos terminaron con las personas ilesas (el disparo produce erosiones leves, ya sea por el contacto de las sondas eléctricas con la piel o en la caída posterior a la parálisis motora). Solo en un caso hubo lesiones más graves.
Su uso ha sido frecuente, pero no generalizado, con poco más de tres disparos de media al mes. En 2019, el año que más disparos de Taser se registraron, hubo 40 usos; le sigue 2020 con 39; 2023 con 38; 2019 con 37 y 2021 con 34. En 2018 solo hubo cuatro disparos (se empezaron a usar en junio) y en lo que va de 2024 se han registrado 20. El uso de estas armas también se ha extendido entre 74 cuerpos de policía local en Catalunya, y el Ayuntamiento de Barcelona quiere adquirirlas para la Guàrdia Urbana.
En su respuesta parlamentaria a los Comuns, la consellera de Interior, Núria Parlon, expone que la policía catalana está en proceso de incorporar 800 cámaras personales para grabar las actuaciones con las Taser, tal y como marcan los protocolos, para corregir el déficit de grabaciones detectado. Algunas baterías de las cámaras se habían “deteriorado”, lo que implicó que algunos disparos de pistolas eléctricas no se registraran.
“Con el paso del tiempo, el porcentaje de no grabaciones aumentó”, advierte Parlon, que no precisa el número de actuaciones que no se llegaron a grabar.
El departamento señala que los nuevos dispositivos de grabación “tienen mejor tecnología y más durada de batería”, y que las nuevas cámaras permitirán tener imágenes en vídeo de toda la actuación con la Taser desde que se desenfunda la pistola. “La grabación automática se activa ya no cuando se utiliza [la Taser], sino cuando se saca el seguro, se proyecten o no las sondas [eléctricas]”, destaca Parlon.
El protocolo de uso de este tipo de armas no se ha reformado desde 2018. La normativa interna sigue contemplando supuestos de uso de las Taser que la Sindicatura de Greuges de Catalunya (equivalente al Defensor del Pueblo) o entidades como Amnistía Internacional (AI) reclamaron restringir.
Ante la imposibilidad del agente para saber a simple vista si la persona que recibe el disparo tiene una cardiopatía, problemas psiquiátricos (como terminó ocurriendo en el caso del muerto de Badalona) o ha consumido alcohol o drogas (supuestos que pueden comportar graves consecuencias cuando se recibe la descarga de 50.000 voltios de bajo amperaje), estas organizaciones solicitaron un uso mucho más limitado de las pistolas que la entonces conselleria de Interior, en manos de Junts, desoyó.
Además, la prohibición de los Mossos de usar los dispositivos eléctricos contra “infantes” se limita a menores de 12 años, tal y como lo entiende la ley catalana sobre los derechos de la infancia, mientras que el Parlament desaconsejó su uso hacia todos los menores de 18 años.
Para García Berrio ha llegado el momento de actualizar y revisar los protocolos redactados hace seis años e incluir todas las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Gregues, en especial para prohibir de forma explícita su uso hacia todos los menores.
El parlamentario de los Comuns también considera necesario que se evalúen los disparos de Taser ya realizados mediante una comisión de expertos que incluya no solo a profesionales de los Mossos d'Esquadra, sino también a representantes del L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). “A día de hoy la única auditoría la realizan los propios Mossos, y esto ha generado reproches de la Justicia”, recuerda García Berrio.
En su escrito de respuesta a las preguntas de García Berrio, la consellera Parlon explica que la policía catalana “participa en formaciones” organizadas por la empresa comercializadora de las pistolas, Taser, una circunstancia que el parlamentario de los Comuns considera “poco rigurosa” y falta de independencia. “Se tendría que garantizar una evaluación completa del uso de la fuerza”, reflexiona el diputado.
En estas formaciones, agrega la titular de Interior, a los agentes se les aplica “un mínimo de una descarga”, pero que “a muchos” uniformados se les realizan dos impactos eléctricos “para que conozcan el efecto de uso sobre otras personas”. “No se tiene conocimiento que ningún agente haya experimentado ningún problema de salud posterior a las descargas de las formaciones”, apostilla Parlon.
