Un juzgado de El Salvador ordenó este lunes que el expresidente Alfredo Cristiani, con orden de detención, enfrente en ausencia un juicio junto a un grupo de militares por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, durante la guerra civil.
"El señor Cristiani y el resto de señalados pasarán a etapa de juicio -aún sin fecha- por el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas", aseguró a la prensa el abogado defensor Gabriel Solórzano al concluir una audiencia preliminar.
El 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera en San Salvador durante la guerra (1980-1992), efectivos del batallón Atlacatl irrumpieron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y masacraron a los sacerdotes y a dos colaboradoras.
El derechista Cristiani, cuyo paradero se desconoce, era entonces presidente (1989-1994) y comandante de las Fuerzas Armadas.
El juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador accedió a la petición de la Fiscalía de "mantener" la orden de detención en su contra, que fue emitida en marzo de 2022 cuando se reabrió el caso.
El juzgado también mantuvo la orden de detención del exdiputado Rodolfo Parker y ordenó la detención de los generales Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda, y el coronel Joaquín Arnoldo Cerna, por no presentarse a la audiencia y limitarse a enviar a sus abogados.
También fue ordenada la detención del coronel Inocente Orlando Montano, quien cumple en España una condena de 133 años de prisión por el asesinato de cinco de los jesuitas que eran españoles.
"No compartimos la decisión de pasar a vista pública el caso, pero la respetamos. Las pruebas de la fiscalía no tenían la solidez para ser tomadas en cuenta", agregó otro abogado defensor Carlos Miranda.
Los fiscales encargados del caso se retiraron de la sala de audiencias en un complejo judicial en San Salvador sin declarar a periodistas.
Al cierre de la audiencia preliminar se presentaron los coroneles Óscar León Linares, Nelsón López, Manuel Antonio Rivas y Camilo Hernández, y el general y exministro de la Defensa de la época, Rafael Larios, quienes afrontarán el proceso judicial penal en libertad provisional.
En el juicio los procesados serán juzgados por los delitos de actos de terrorismo, asesinato, fraude procesal y encubrimiento personal, según Solórzano.
Los sacerdotes asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. También su colaboradora Elba Ramos y su hija Celina.
Un tribunal salvadoreño en 1991 condenó a 30 años de prisión al coronel Guillermo Benavides, acusado de ser el oficial que comandaba el grupo que mató a los sacerdotes.
La cruenta guerra civil salvadoreña dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
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