En pleno debate sobre la continuidad del concierto de las aseguradoras con Muface, la mutualidad sanitaria que asiste a los funcionarios y a sus familias, ha irrumpido la ministra de Sanidad , Mónica García, abogando implícitamente por el pase al régimen de la Seguridad Social de los pacientes hasta ahora adscritos a la mutua de los empleados públicos. Ninguna aseguradora se ha postulado para ofrecer cobertura sanitaria a los funcionarios a través de Muface durante los próximos dos años. Las tres compañías que ofrecían este servicio hasta el momento, Asisa, DKV y Adeslas, han renunciado a ofrecerlo, después de que el Gobierno acordara una subida del 17,12 por ciento en la prima para el bienio siguiente. Las aseguradoras, que sostienen que ya trabajan a pérdidas, reclaman un incremento más sustancial. El concurso quedó desierto, negociándose ahora contra reloj. En este contexto, García irrumpe como elefante en cacharrería y filtra un informe interno que asegura que es «insostenible» el actual modelo de concierto a través del cual se sustancia la asistencia sanitaria de más de dos millones de funcionarios y familiares (a través de Muface, pero también de Isfas, para el personal de los Ejércitos; y Mugeju, para los funcionarios de Justicia). Como alternativa plantea la transferencia de los 2.681 millones que asigna el Estado a estos conciertos a las comunidades para sufragar la factura extra de la asistencia sanitaria del traspaso de los actuales mutualistas al sistema sanitario público. El informe está inspirado por la tradicional inquina de la ultraizquierda al sector privado, que es uno de los pilares en que se sostiene el Estado de bienestar, proveyendo de servicios para garantizar el derecho a la educación o la sanidad de los ciudadanos. No es casual que García sea dirigente de Sumar, y que Elma Saiz, responsable del Ministerio de Seguridad Social, se desentienda del mencionado informe e intente seguir negociando. Topamos de nuevo con las dos almas del Ejecutivo, agua y aceite en tantos asuntos, que vienen mostrando posturas diametralmente opuestas en asuntos capitales. Donde el Gobierno del PSOE y Sumar sí demuestran un solo propósito es en endosar cualquier problema grave que le surge al Gobierno (y este de Muface sin duda lo es) a la administración autonómica, con la socorrida excusa de la cogobernanza, tan aludida recientemente por Sánchez con motivo de la DANA, donde varias cúpulas ministeriales se mostraron escasamente concernidas con la catástrofe que se estaba generando. La primera reacción del Ejecutivo pareció inspirada por el propio presidente con ese confuso mensaje que fue interpretado como «si quieren ayuda (las autoridades autonómicas) que la pidan» , inmediatamente matizado por La Moncloa ante la gravedad de la declaración. También avala esta teoría de desatender sus obligaciones y responsabilidades la ausencia clamorosa en la mayor crisis social y medioambiental que se recuerda de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que prefirió quedarse esos días preparando el examen para comisaria europea. De ahí que Sánchez se resistiera a declarar la emergencia nacional, que implicaría ponerse al frente de la tragedia. En situaciones de crisis, cuando vienen mal dadas o un problema les supera, la cogobernanza es un mero ardid, un eufemismo de sacudirse el problema y endosárselo a otra administración, una estrategia que dice muy poco de la responsabilidad de un gobernante cabal, que no despeja a otros asuntos propios, y mucho de la incompetencia gestora.
