El órgano de fiscalización de la Junta de Andalucía emite otro informe "desfavorable" contra los contratos de emergencia a clínicas privadas en 2022 y 2023 y niega la principal línea de defensa de los altos cargos imputados, a saber, que desde el 17 de mayo de 2023 "se deja de recurrir a contratos de emergencia"
El juez cita como investigada a la actual gerente de la sanidad andaluza y a sus dos antecesores por los contratos a dedo
El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha encajado, en plena ofensiva judicial por los contratos a dedo que firmó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin amparo legal, un nuevo informe “desfavorable” de la Intervención General de la Junta relativo a los ejercicios 2022 y 2023, que desmontan su principal línea de defensa.
La Junta se aferra a dos informes de su Gabinete Jurídico, realizados a demanda expresa del SAS en 2021, que avalan las prórrogas de los contratos de emergencia con clínicas privadas hasta el verano de 2023, pese a estar amparados en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando este ya estaba derogado.
El Ejecutivo andaluz reproduce íntegramente el criterio favorable de sus abogados en las alegaciones a este último informe de la Intervención, pero el órgano de fiscalización tumba el argumento en el Informe definitivo de Control sobre el Cumplimiento de la Normativa aplicable en los Expedientes de Tramitación de Emergencia 2022-2023, con fecha del 30 de julio de 2024, y al que ha tenido acceso este periódico.
La principal tesis del Gobierno andaluz es que los efectos de la crisis sanitaria provocados por la pandemia de 2020 persistían tres años después, de ahí que prolongaran la contratación a dedo para derivar a miles de pacientes en lista de espera a la privada. Se hizo con un Real Decreto “plenamente derogado” y contraviniendo las directrices por escrito de la Consejería de Hacienda que, en mayo de 2021, exigió al SAS y al resto de consejerías que limitase esos contratos a situaciones de carácter “excepcional y residual”.
El Gabinete Jurídico de la Junta reconoce en su informe que el marco legal habilitado por el Gobierno central en pandemia estaba derogado, pero justifica su aval con dos contraargumentos: uno, que la pandemia siguió en vigor hasta que la OMS decretó el final de la emergencia internacional por el Covid, el 5 de mayo de 2023; y dos, el Reglamento Sanitario Internacional, según el cual, el volumen actual de pacientes pendientes de una cirugía o una prueba diagnóstica representa “un problema de salud pública” que exige una respuesta de “imperiosa urgencia” por parte de la Administración.
Esa “imperiosa urgencia”, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, implicaba que el SAS podía seguir contratando a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa. La Intervención refuta este argumento del Gabinete Jurídico que se reproduce en las alegaciones de la Junta a su informe: “Lo que se cuestiona es precisamente la falta de justificación para continuar acudiendo a la contratación de emergencia en los años 2022 y 2023”, dice el informe.
“Para el gestor, la limitación a lo estrictamente indispensable para paliar las necesidades más apremiantes no sería de aplicación. Sin embargo, a juicio de esta Intervención, es inadmisible también el argumento de que cualquier otra actuación relacionada con las obras realizadas mediante el procedimiento de emergencia también puede tramitarse por emergencia, simplemente porque ello contradice el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos”, continua el texto.
Los auditores de la Junta descartan esos “elementos adicionales que para el SAS justifican” la contratación de emergencia en 2022 y 2023, denunciados por la Intervención como “salvedades de especial relevancia”, y concluye con un reproche a la Administración por introducir “una interpretación racional de las normas” para justificarse, y aportar “juicios de valor realizados por el órgano gestor como tales, por lo que no entra a valorarlos al no tratarse de alegaciones a los incumplimientos normativos señalados”.
El propio presidente Moreno ha aludido estos días a esos dos informes jurídicos de la Junta, que legitiman las prórrogas de los contratos a dedo que investiga el juez y la Fiscalía Anticorrupción. El último informe desfavorable de la Intervención choca con ese criterio de sus letrados, abriendo una contradicción interna que podría dirimirse en los juzgados si el magistrado llama a declarar a los letrados y a los interventores.
La Intervención también desmiente al SAS en plena causa judicial al “constatar” que siguió firmando contratos de emergencia a dedo después del 17 de mayo de 2023, fecha clave en la defensa del Ejecutivo de Moreno, que asegura que no hubo más contratos a dedo ni prórrogas ni ampliaciones de gasto después de ese día.
El juez que investiga los contratos de emergencia del SAS entre 2020 y 2024 por un posible delito de prevaricación ha imputado esta semana a los tres últimos gerentes, incluida la actual, Valle García, tras constatar que este mismo año firmó hasta nueve suplementos con “modificaciones” del gasto al expediente de emergencia de 2021 -para derivar a la privada pruebas de diagnóstico de enfermos de cáncer- del que emanan todos los contratos a dedo bajo sospecha.
De esas nueve adendas firmadas por García entre enero y julio de 2024 -ya con la denuncia del PSOE en los tribunales-, ocho corrigen al alza el “presupuesto máximo” asignado a nueve hospitales privados, y la otra adenda lo modifica a la baja, restando unos 100.000 euros menos de lo presupuestado.
Los socialistas encontraron en el Perfil del Contratante de la Junta la firma de la actual gerente en las nueve modificaciones contractuales del expediente de emergencia que investiga el juez (el 110/2021), y se las remitieron al magistrado en una ampliación de la querella que, solo 24 horas después, se tradujo en la imputación de García.
Tras el shock inicial, el Ejecutivo andaluz respondió a esa imputación asegurando que las adendas al polémico expediente, por un montante de 28 millones de euros asignado a diez hospitales privados, no eran ampliaciones de gasto ni nuevos contratos a dedo ni nuevas prórrogas. La Junta sostiene que los contratos de emergencia que ahora investiga un juez se cancelaron en una fecha muy concreta: el 17 de mayo de 2023.
“Desde el 21 de junio de 2022, la contratación de emergencia queda exclusivamente para la realización de pruebas diagnósticas relacionadas con el tratamiento de procedimientos oncológicos, siendo el 17 de mayo de 2023, un punto de inflexión en la gestión de la contratación de servicios” a clínicas privadas. En sus alegaciones, el SAS defiende que a partir de ese mismo día “se deja de recurrir a contratos de emergencia, adoptando en su lugar estrategias de contratación pública normalizada”.
Pero los interventores refutan este argumento, tras auditar los contratos del SAS hasta final de 2023: “La tramitación de acuerdos marco y la mejora y actualización de la normativa de contratación ha de ser valorada positivamente en la implantación de las recomendaciones a partir del 17 de mayo de 2023. Sin embargo, en los controles correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, se ha constatado que se ha continuado con la tramitación de contratos por el procedimiento de emergencia”.
El exportavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, anunció la cancelación de este sistema excepcional de contratación el 14 de marzo de 2023, en la sede del Gobierno, 48 horas después de que elDiario.es revelase que llevaban dos años y medio prorrogando un expediente de emergencia de 2021, que extendió los contratos a dedo a clínicas privadas cuadruplicando el gasto inicial, de 70 a 243 millones de euros, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.
El Gobierno de Moreno sostiene ahora que de los 242,7 millones de euros asignados en contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2021 y 2023, finalmente se gastaron 189 millones, negando que las adendas al expediente investigado por el juez que ha firmado la actual gerente del SAS sean la prueba de que se ha “perpetuado” el “sistema paralelo de contratación a dedo”, como denuncia el PSOE. “Son modificaciones contractuales, pero no para ampliar el gasto, sino para reajustar la cuantía”, aseguran desde la Junta a este periódico.
La explicación técnica es que existe un descuadre entre el gasto estimado que el SAS le concedió al hospital privado de una provincia, para que operase a X pacientes, y lo que finalmente facturó. Algunas empresas recibieron menos de lo que facturaron y otras recibieron más.
Según consta en las nueve adendas, ocho recibieron más y una menos. Pero, además, todas las adendas reproducen la misma cláusula del contrato a dedo con cada hospital que hacen difícil entender por qué la Junta corrigió en julio de 2024 la facturación de un contrato que, en teoría, se había ejecutado antes de mayo de 2023.
La cláusula dice: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ”Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos“; el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones, que, en su caso, puedan corresponder”. Según esto, en el 80% de ejecución del contrato debió saltar una alerta para advertir al SAS de que el presupuesto estaba próximo a agotarse y, posiblemente, sería necesario modificarlo al alza (como finalmente ocurrió).
El informe de la Intervención sobre los contratos de emergencia del SAS en 2022 y 2023 redimensiona la querella que el PSOE ha interpuesto en los tribunales, y que previsiblemente ampliará a tenor de la nueva información que aquí a aparece. Los socialistas ya ampliaron su primera denuncia, registrada en el juzgado de instrucción 13 de Sevilla el 20 de junio, cuando se hicieron con una copia del informe desfavorable de la Intervención relativo a 2021.
Los auditores vuelven a constatar que el SAS siguió estirando el procedimiento de emergencia “sin justificación alguna”, argumentando que los efectos de la pandemia aún eran significativos en 2023, cuando la Intervención ya había remitido un informe previo a la Junta asegurando que la crisis del coronavirus “ya estaba muy atemperada” en 2021. Y que, al menos en términos de contratación pública, la pandemia ya era un fenómeno “más previsible” que obligaba a la Administración andaluza a volver a la contratación ordinaria, en abierto, con publicidad, concurrencia competitiva y fiscalización previa.
La ausencia de control previo es, precisamente, uno de los aspectos que más ha llamado la atención a la Fiscalía Anticorrupción, que ha requerido a la Junta el acuerdo del Consejo de Gobierno del 20 de octubre de 2020 por el que sustituye esa fiscalización previa por el control financiero permanente específicamente para este tipo de contratos del SAS.
Ese acuerdo encabeza todas las auditorías desfavorables realizadas posteriormente por los interventores, sobre las adjudicaciones a dedo en 2021, 2022 y 2023. El PSOE señala en su denuncia ese mismo acuerdo para apuntar a “altísimas instancias del Gobierno andaluz”, y sugerir que la cúpula del Ejecutivo había diseñado “un plan” para acelerar este tipo de contrataciones sin un control estricto de los órganos de fiscalización interno.
El último informe de la Intervención también da especial relevancia al incumplimiento por parte del SAS de certificar, con documentos, que los trabajos que ha contratado a dedo con clínicas privadas realmente se han hecho. Es decir, que los hospitales que recibieron el dinero público para operar a X pacientes o realizar X pruebas de diagnóstico en determinado plazo cumplieron efectivamente con ese contrato.
“No consta en el expediente acta de recepción positiva de la inversión, incumpliéndose los artículos 210, 300, y 311 de la Ley de Contratos del Sector Público y la instrucción octava de la Instrucción 1/2021, de la Dirección General de Contratación sobre Contratación de Emergencia”, reza el informe de los auditores. Un incumplimiento que se repite en el 100% de los contratos analizados.
En el informe de la Intervención de 2022-2023 destaca la cuarta prórroga del polémico Expediente de contratación de emergencia 110/21. Los auditores afean a la Junta, otra vez, que “no aporte justificación de que dichas actuaciones sanitarias estén relacionadas directamente con el COVID-19. Tampoco se aporta justificación de la imposibilidad por parte del órgano gestor de promover procedimientos de licitación que permitan la libre concurrencia, la igualdad, la transparencia entre los licitadores”.
