En las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, los votantes de California aprobaron la Proposición 35, una medida clave que impone un gravamen permanente a las organizaciones de atención administrada (MCO) con el propósito de garantizar el financiamiento sostenible de Medi-Cal. Este programa es vital para ofrecer cobertura de salud a personas de bajos ingresos en el estado dorado. Con el respaldo del 68% de los electores, esta resolución no solo establece un esquema permanente para el impuesto, sino que también incrementará los recursos disponibles para mejorar y expandir los servicios médicos.
La normativa entrará en vigor en 2027, aunque los primeros ingresos adicionales comenzarán a generarse a partir de 2025. Se espera recaudar entre 7000 y 8000 millones de dólares anuales, los cuales estarán destinados a reforzar áreas clave como clínicas de seguridad, transporte médico de emergencia y programas de capacitación para el personal de salud. Sin embargo, este financiamiento estará sujeto a la autorización federal, lo que será crucial para implementar los cambios propuestos de manera sostenible.
El impuesto a las organizaciones de atención administrada no es nuevo en California; desde 2009, este gravamen se ha utilizado para financiar Medi-Cal de forma temporal. La Proposición 35, al hacer permanente esta política, busca establecer una fuente constante de ingresos que permita reducir la dependencia del Fondo General del estado y aumentar el alcance de los servicios médicos. A partir de 2027, se prevé que el nuevo esquema genere entre 2000 y 5000 millones de dólares adicionales anuales.
Estos fondos permitirán fortalecer la infraestructura del programa Medi-Cal, beneficiando a las poblaciones más vulnerables de California, incluidos inmigrantes y familias de bajos recursos. Además, la mitad de estos recursos provendrán del nuevo impuesto, mientras que el resto se espera que sea complementado con fondos federales.
Desde enero de 2024, California amplió Medi-Cal para incluir a adultos de entre 26 y 49 años, independientemente de su estatus migratorio, siempre que cumplan con los límites de ingresos establecidos. Esta medida ha sido celebrada por grupos proinmigrantes, pero también ha generado debates sobre las barreras persistentes para acceder a la atención médica.
Isabel Becerra, líder de la Coalición de Centros de Salud Comunitarios del Condado de Orange, señaló que la cobertura no siempre se traduce en acceso real debido a la escasez de profesionales de salud. Durante una cumbre en Los Ángeles, destacó que "todos estamos compitiendo por recibir atención médica". Este desafío subraya la importancia de implementar estrategias para garantizar que los fondos adicionales generados por la Proposición 35 realmente lleguen a quienes más los necesitan, mejorando tanto la cobertura como la calidad del sistema de salud.
