La Inspección de Trabajo ha abierto alrededor de 80 expedientes a empresas que no han primado la seguridad de sus empleados en las zonas afectadas por la DANA. "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene órdenes estrictas de vigilar el cumplimiento de los deberes de seguridad en estas circunstancias", ha dicho en una rueda de prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión del comité de crisis en la Moncloa.
"Nadie puede poner en riesgo su salud ni con una orden empresarial ni sin ella. Eso es una grave conculcación de la normativa de prevención de riesgos en nuestro país. La inspección va a trabajar con toda la contundencia que sea necesaria", ha añadido.
Pérez Rey ha recordado que las medidas urgentes aprobadas este lunes incluyen permisos retribuidos y no recuperables para cubrir esas ausencias, no solo en caso de imposibilidad para desplazarse al trabajo, sino también para atender a personas a cargo, para acondicionar la vivienda o por desaparición o fallecimiento de familiares y durante todo el tiempo que persista la causa.
Preguntado por los salvoconductos expedidos por la Generalitat Valenciana que han sido usados para que empleados de supermercados fueran a trabajar en situación de alerta máxima, Pérez Rey ha dejado claro que la normativa preventiva es una competencia exclusiva del Estado.
"No hay salvoconducto que valga para poner en peligro la vida de las personas trabajadoras (...) Esas empresas, aunque tengan salvoconductos, van a ser investigadas por la Inspección en la medida en que estén obligando a sus trabajadores a acudir a los puestos de trabajo en circunstancias que no sean seguras y que puedan comprometer su integridad", ha afirmado.
"Insisto, un salvoconducto, una norma administrativa ínfima, no puede poner en peligro el derecho a la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras de este país. Pediría un poco de coherencia y de sentido común", ha añadido.
El secretario de Estado ha avanzado asimismo que el lunes viajará con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los municipios valencianos de mayor tamaño entre los afectados por la DANA para ver cómo poner en marcha el plan de los servicios públicos de empleo dotado con 50 millones de euros, que permitirá la contratación de personas desempleadas para que se dediquen a las labores de reconstrucción.
