El Juzgado de Instrucción número 13 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción ha acordado además de la citación como investigados de los gerentes del SAS desde 2021 requerir a la Junta de Andalucía una batería de documentos y expedientes que en la práctica suponen una a mpliación de la instrucción más allá del expediente concreto denunciado por el PSOE en sus querellas que se refiere a los contratos con clínicas para intervenciones quirúrgicas y consultas con especialistas. Según la providencia, también fechada el 13 de noviembre, el Juzgado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras analizar la denuncia del PSOE, pide al SAS que aporte en el plazo de un mes «todos los expedientes tramitados por vía de emergencia por su Servicio Central en el periodo 2021-2023 en el ámbito del decreto 3/2020» . Es decir, aquellos que estuvieron amparados por la normativa de la pandemia. Además, se pide que incorpore todos los archivos complementarios como modificaciones, justificaciones, reclamaciones o quejas. La documentación debe aportarse en el plazo de un mes. En segundo lugar, a través de la misma providencia se requiere a la Intervención General de la Junta a que aporte todas las consultas o informes relativas a contratos de emergencia incluido el último fechado en julio de 2024 que no afectan en este caso exclusivamente al SAS. Para la Intervención General del SAS se solicita toda la documentación de fiscalización, y específicamente los informes de control de cumplimiento de la normativa aplicables. A la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública, el Juzgado solicita que aporte todo informe resolución o consulta relacionada con contratos de emergencia en el periodo 2020-2023 en este caso de todas las Consejerías del Gobierno autonómico. Además, se requiere a la Junta de Andalucía a que aporte un documento con fecha 6 de octubre de 2020 por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente . Se trata de uno de los aspectos más denunciados públicamente por la oposición. Por último, el Juzgado requiere a la Cámara de Cuentas el informe de fiscalización sobre los contratos del SAS durante al año 2020 que fue aprobado en el Pleno el 26 de julio, incluidos todos los documentos borradores y la relación de auditores y técnicos que han participado en su elaboración.
