Pedro Sánchez ha tratado siempre de tomar distancia respecto al «caso Koldo» y responsabilizar solo a José Luis Ábalos. Sin embargo, la investigación judicial ha ido avanzando y la implicación del presidente del Gobierno ha ido ganando peso, teniendo en cuenta que, según los informes de la Guardia Civil, sí estaba al corriente de determinadas actividades de la trama, como la visita de Delcy Rodríguez a España o el rescate de Air Europa. En este sentido, el propio Sánchez ha tratado en los últimos meses de esquivar las preguntas sobre si conocía a Víctor de Aldama, una de las figuras centrales de la trama de corrupción, una actitud parecida a la que trata de tener ahora Óscar Puente, actual titular del Ministerio de Transportes que gestionó Ábalos. De hecho, su Ministerio se ha negado a dar datos sobre las visitas que ha hecho Aldama a Transportes para verse con Puente.
Hace poco más de dos semanas, mientras se esperaba a que Sánchez diera alguna respuesta sobre el presunto comisionista de la trama, apareció una fotografía del presidente del Gobierno junto a Aldama, que ahora está en prisión. Ahora es Puente quien trata de esquivar las preguntas que ha hecho un ciudadano anónimo con la intención de saber las «fechas de todas las visitas de D. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado» al Ministerio de Transportes «desde el 1 de junio de 2018 hasta el 6 de octubre de 2024, así como el nombre de todas las autoridades y personal directivo con las que tenía cita para reunirse en cada una de estas visitas».
Sin embargo, la solicitud de información ha quedado sin respuesta dado que, según la directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Belén Villar, no hay ninguna disposición legal que obligue a ello. «No existe norma alguna que obligue a documentar las reuniones de los Miembros del Gobierno de los Altos Cargos del Ministerio, fuera del ámbito estrictamente institucional en el ejercicio de sus funciones, o como consecuencia del funcionamiento de los órganos colegiados de los que es miembro», señala en su respuesta la alta funcionaria, en nombre del Ministerio de Puente.
El mismo documento del Ministerio de Transportes señala que el «registro de visitas» del departamento «es una base de datos en la que se anotan la mayoría de los visitantes que se reciben en la sede central del ministerio (personas que van a reuniones, trabajadores de empresas externas, personas que acuden a algún servicio de información, repartidores, etc.)», por lo que ahí debe de aparecer Aldama, aunque también argumenta que «la finalidad del tratamiento de los datos es la de garantizar la seguridad de personas e instalaciones». En este sentido, Transportes sostiene que el «registro de visitas» contiene datos personales de los visitantes, «alguno de los cuales no son especialmente protegidos, aunque otros sí pueden considerarse como tal al revelar la ideología, la afiliación sindical, la religión o las creencias de alguno de los visitantes».
«El acceso a esta información especialmente protegida únicamente se podría autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, algo que no se tiene al no recabarse en el control de accesos», señala el documento, por lo que tan solo Aldama puede autorizar dar esa información sobre las visitas que ha hecho al Ministerio en los últimos seis años. Es más, Belén Villar señala que el Ministerio ha realizado «la ponderación entre el interés público en la divulgación de los datos y el derecho a la protección de datos de carácter personal de cualquier persona incluida en este fichero» y ha llegado a la conclusión de que «no hay una prevalencia en este caso del interés público sobre el derecho a la protección de los datos personales tratados». Más concretamente, Transportes alude a los artículos 15 y 18.1.b) de la a Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública para inadmitir el acceso a la información contenida en el registro de visitas.
Ante esta respuesta, el ciudadano anónimo que ha pedido la información va a recurrir ante el Consejo de Transparencia para forzar al Ministerio de Transportes a dar los datos concretos sobre las visitas de Aldama a Transportes en los últimos seis años. La resolución de Transportes se ha notificado el pasado 11 de noviembre, por lo que hay un mes de plazo para recurrir ante el Consejo de Transparencia: si tampoco surte efecto, ya se podrá acudir a los tribunales para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
