El Gobierno no se ha olvidado de los dos españoles acusados de espionaje por el Gobierno de Venezuela. El pasado 15 de septiembre, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme. Los ciudadanos vascos están acusados de elaborar un complot para desestabilizar el Gobierno venezolano. El Ministerio de Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, asegura que ha brindado y continúa brindando toda la ayuda consular a su alcance para que regresen. Fuentes gubernamentales confirman además a Confidencial Digital que, dos meses después, el Ejecutivo mantiene contactos recurrentes con los dos, para comprobar que están bien y no corren peligro.
Tras las elecciones que celebró Venezuela a finales de julio, miles de ciudadanos se manifestaron en contra del proceso electoral. El propio Centro Carter, una de las principales organizaciones que ejercieron de observadores internacionales en los comicios, determinó que “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Las movilizaciones terminaron con decenas de detenidos, encarcelados y acusaciones de tortura por parte de los manifestantes.
El Gobierno de España mantiene contactos frecuentes con los dos españoles detenidos por espionaje para comprobar que están a salvo. Tras todas las denuncias por incumplimiento de los derechos humanos del régimen chavista, la precaución es máxima. El Ejecutivo afirma que tiene constancia de que los detenidos “están bien” y que no han sufrido represalia alguna.
Ambos alegaron que se encontraban en el país latinoamericano para un simple viaje turístico y han negado formar parte de ningún plan para desestabilizar Venezuela. Exteriores ha reiterado que han sido “injustamente” apresados y que trabaja todos los días para conseguir su liberación. También insistieron en que no tenían “nada que ver” con el Centro Nacional de Inteligencia.
Pero el Gobierno admite que no tiene mucho margen de actuación. El plan es brindar toda la ayuda diplomática y consultar posible. Este apoyo, que se ejerce desde la embajada de España en Venezuela, tiene varias vertientes.
Según confirman fuentes gubernamentales a ECD, brindan información sobre sus derechos, dado que la legislación entre España y otros países puede variar sustancialmente. También aportan asistencia en la comunicación, es decir, facilitan que los ciudadanos españoles puedan hablar con sus familiares. Además, el consulado suele proporcionar a los detenidos una lista de abogados locales o una recomendación sobre algunos de ellos.
Sin embargo, el servicio más importante es el de supervisar las condiciones de detención. Las embajadas pueden pedir visitar a los detenidos para asegurarse de que se cumplen la normativa legal y que reciben una atención adecuada; es decir, que estén bien alimentados y tengan atención médica.
El apoyo consular que brinda España también comprende ayudar en las transferencias de dinero de los familiares a los arrestados. En caso de convenio, si los dos ciudadanos vascos terminasen siendo condenados, España podría pedir que cumplan la pena en una cárcel nacional, en vez de hacerlo en Venezuela.
Desde el Gobierno piden máxima cautela con este tema a los medios de comunicación. “Hay que dejar trabajar tranquilos a los responsables”, afirman fuentes del Ejecutivo. Desde que se conoció la detención, Exteriores ha tratado de controlar la presión mediática y que este tema no se politice. “Los detenidos también tienen derecho a la intimidad”, llegó a afirmar Albares en una entrevista concedida poco después del arresto de Valdovinos y Adasme.
En el Ministerio consideran crucial no tener prisa para poder resolver este conflicto de la manera más beneficiosa para los dos ciudadanos españoles. El escenario para poder llegar a un acuerdo en septiembre se antojaba complicado: los reproches al régimen de Maduro se sucedían cada semana, el Partido Popular llevó al Congreso el reconocimiento de González y la tensión en las calles de Venezuela iba en aumento.
En ese contexto se produjo la detención por espionaje de los ciudadanos españoles. Ahora, el Ejecutivo asegura que la situación se ha calmado y que este clima favorece mucho más al entendimiento entre Gobiernos.
El Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, decidió no reconocer la victoria de Maduro. Una decisión compartida por el resto de la comunidad europea. Moncloa supedita dicho reconocimiento a la posición que marque Bruselas, a pesar de que el principio aseguraba que reconocería al opositor, Edmundo González, si las actas electorales así lo acreditaban. Pero el régimen chavista se niega a revelarlas.
El propio Centro Carter confirmó en octubre que las actas que había conseguido recopilar demostraban la victoria de González sobre Maduro.
