Poder Judicial deslinda de opinión de juez superior ante la Corte IDH: "No constituye una opinión institucional”
El Poder Judicial no respaldó las declaraciones del juez superior Oswaldo Alberto Ordoñez Alcántara, de la Corte Superior de Justicia de Lima, durante su participación en una audiencia pública realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La institución liderada por Javier Arévalo aseguró que el magistrado acudió a dicha sesión a título personal.
"El Poder Judicial precisa que dicha postura no constituye opinión institucional. Es de conocimiento público que el juez Ordóñez Alcántara ha participado en dicha audiencia en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, persona jurídica de Derecho Privado", se lee en el comunicado.
De esa forma, la máxima instancia judicial hizo referencia a la disertación de Ordoñez durante la sesión titulada “Situación de la independencia judicial de las Américas”. En dicho espacio, alertó sobre el paquetazo de leyes que el Ejecutivo, junto al Congreso, vienen aprobando y que perjudican al sistema de justicia, representado por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
¿Qué fue lo que dijo el juez Oswaldo Ordoñez?
"En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público", manifestó frente a la Corte IDH.
"¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales, en su lucha contra el crimen organizado, y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos", agregó.
Para ejemplificar, detalló la serie de normas que el Gobierno de Dina Boluarte ha respaldado. "Esta mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo han promulgado leyes que modifican los plazos de prescripción; que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz; que impiden la incautación de bienes o materiales usados en la minería ilegal; que excluyen a todos los partidos políticos de toda responsabilidad penal; promueven impunidad para terroristas y exmilitares; obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado, y establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado", indicó.