El Poder Judicial dictó una sentencia de tres años y tres meses de prisión contra un extrabajador del Banco de la Nación por el delito de hurto agravado. Este caso, ocurrido en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, La Libertad, involucra el uso indebido de su cargo para sustraer S/900 de la cuenta de Máxima Beltrán Miranda, beneficiaria del programa Pensión 65. El acusado admitió los hechos, lo que permitió un proceso de terminación anticipada solicitado por la fiscal María Susana Villalobos Quiroz.
El hurto se realizó en dos transacciones: primero, S/500 en una agencia bancaria, y posteriormente, S/400 a través de un agente autorizado. Fue la hija de la agraviada quien detectó las irregularidades al revisar los movimientos bancarios, presentando la denuncia que derivó en la condena.
Elmer Iparraguirre, quien cumplía el rol de promotor en el programa Pensión 65, se apoderó de la tarjeta y DNI de la agraviada durante una supuesta atención personalizada. Según las investigaciones, utilizó estos documentos para efectuar retiros sin autorización, dejando a la beneficiaria en una situación económica vulnerable.
El primer retiro, realizado en la oficina del Banco de la Nación, ascendió a S/500. Poco después, Iparraguirre efectuó un segundo retiro de S/400 en un agente autorizado del banco. Las transacciones pasaron inicialmente desapercibidas debido a la confianza de la usuaria en el sistema y en el trabajador. Sin embargo, la hija de Máxima Beltrán Miranda descubrió las anomalías y procedió a denunciarlas ante las autoridades.
El caso concluyó con una sentencia rápida gracias al reconocimiento de culpabilidad por parte del acusado. La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz solicitó el proceso de terminación anticipada, logrando que el juez dictara tres años y tres meses de prisión efectiva. Adicionalmente, Elmer Iparraguirre deberá pagar una reparación civil de S/2,000 a favor de la víctima, quien depende de su pensión para cubrir sus necesidades básicas.
El proceso judicial destacó por su rapidez, un aspecto relevante en casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores. La condena busca no solo sancionar al responsable, sino también establecer un precedente sobre la protección de los beneficiarios de programas sociales frente a posibles abusos.
Este caso pone en evidencia la importancia de medidas preventivas para evitar fraudes en programas como Pensión 65. Las autoridades recomiendan no entregar documentos personales, como tarjetas o DNI, a terceros, incluso si se trata de personal autorizado. Además, instan a las familias de los beneficiarios a monitorear regularmente las transacciones bancarias y reportar cualquier irregularidad de manera inmediata.
El Banco de la Nación ha señalado que reforzará los controles internos y los protocolos de atención para evitar situaciones similares en el futuro. Asimismo, se enfatiza la capacitación constante a su personal para garantizar un servicio seguro y confiable para los usuarios.
