El pasado 24 de octubre un grupo de delincuentes rompió los cristales de una joyería ubicada en la Plaza Cosmopol en el municipio de Coacalco, llevándose un botín estimado de 1.3 millones de pesos, previamente, en agosto, asaltantes irrumpieron en otra joyería en el centro comercial Parque Delta en el alcaldía Benito Juárez y con pistola amenazaron a los trabajadores que entregaron cerca de 50 piezas.
La creciente inseguridad en los centros comerciales de México, marcada por robos y, ahora, extorsiones, ha generado pérdidas significativas, superando los 13 mil millones de pesos anuales.
Este fenómeno afecta tanto a grandes establecimientos como a pequeños comercios, que enfrentan el cobro de piso y la presión económica de la delincuencia organizada.
“La delincuencia y el crimen organizados causan pérdidas anuales a la industria por más de 13 mil millones de pesos, y el robo a tiendas de autoservicio ha aumentado más de 40 por ciento”, advirtió en entrevista Eduardo Lozano, director general de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC), quien dijo que este problema se ha intensificado en el último año.
Según el líder de la AMPC, que agrupa a más de 200 centros comerciales en todo el país con alrededor de mil 400 espacios, el cobro de piso es uno de los problemas más graves para los negocios en estos centros, ya que pequeños comercios pueden llegar a pagar hasta 25 por ciento de sus utilidades.
“Un negocio pequeño que gana alrededor de 40 mil pesos al mes debe destinar una cuarta parte de sus ingresos a pagar estas extorsiones. Eso es lo mínimo. Este fenómeno afecta desde locales pequeños hasta grandes establecimientos”, mencionó.
Lozano afirmó que, pese a la violencia y a los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada, en estados como Sinaloa y Guerrero las plazas comerciales aún se perciben como espacios relativamente seguros, sin embargo, anticipó que esta percepción comienza a debilitarse ya que los criminales encontraron formas de eludir mecanismos de seguridad como cámaras de vigilancia o botones de pánico.
“Estos esfuerzos son insuficientes sin el apoyo efectivo de las autoridades de seguridad pública”, lamentó Lozano.
Ante el clima de inseguridad, los dueños de los locales prefieren no denunciar las amenazas, ya que temen por su seguridad y muchos aseguran que la policía está coludida con los grupos criminales.
“Hay un gran hermetismo en torno a las extorsiones, muchos propietarios optan por no denunciar porque creen que es una pérdida de tiempo. Además, existe el riesgo de ser señalados por la misma delincuencia en colusión con autoridades corruptas”, agregó.
Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Morelos y Quintana Roo y socio fundador de AC Consultores, advirtió que la extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado, con 175 organizaciones criminales activas en el 81 por ciento del territorio nacional.
“Estas organizaciones tienen presencia en el 81 por ciento de todo el país y pueden afectar al 86 por ciento de la población mexicana”, detalló.
La extorsión representa una presión económica para los comerciantes, quienes deben pagar una “doble tributación”: una legal y otra ilegal. Según el experto, la extorsión podría convertirse en la tercera actividad más lucrativa para el crimen organizado en los próximos dos o tres años, después del narcotráfico y el robo de combustibles.
“Si no hay una estrategia institucional sólida, el cobro de piso pasará a ser, después del narcotráfico y el huachicol, la tercera actividad más lucrativa para el crimen organizado en los próximos dos o tres años”.
El cobro de piso y las extorsiones no sólo han afectado a las plazas comerciales, sino que también han herido gravemente la operación y viabilidad económica de los pequeños comercios en el país.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), mencionó que el 41 por ciento de los pequeños negocios en el país han registrado pérdidas significativas debido a este tipo de amenazas.
“El 41 por ciento de estos establecimientos han presentado hasta un 20 por ciento de pérdidas por temas de la inseguridad”, agregó.
El temor de ser víctimas de la delincuencia ha obligado a 8 de cada 10 comerciantes a reducir sus horarios de operación, cerrando temprano y limitando el acceso de clientes. Este ajuste, aunque necesario, reduce sus ingresos diarios.
