El pasado 5 de noviembre de este 2024, el Gobierno de Dina Boluarte culminó un Consejo de Estado, donde se determinó nuevos acuerdos que estuvieron enfocados en las medidas migratorias para limitar el ingreso y permanencia de los extranjeros en el Perú.
Entre las medidas decretadas por las autoridades, una que destacó es la referida a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que según indicó los mandatarios, realizarían inspecciones inopinadas a los centros laborales para encontrar ciudadanos extranjeros que estén en el país de manera irregular. Sin embargo, esta acción podría tener ciertas consecuencias.
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En declaraciones a La República, la abogada especializada en derechos migratorios, Alexia Obregón, advirtió que "lo que quieren fiscalizar es a personas extranjeras que estén trabajando de modo dependiente, es decir, como recibo por honorarios o que no esté registrado en el sistema estatal. Teniendo en cuenta que el Perú tiene un 84 % de su economía como informal, se estaría desestimando la contratación de personas, sumando vulneraciones laborales".
Dicha medida establece que los fiscalizadores de la Sunafil puedan interceder en las operaciones de cualquier tipo de negocio, sea formal o informal, con el fin de detectar ciudadanos extranjeros que no estén dentro del registro estatal de trabajo o que perciban un recibo por honorarios.
De las seis medidas prorrogadas por el Gobierno de Dina Boluarte, el que integra a la Sunafil como ente para detectar la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros en sus centros de labores, es el que ha llamado la atención a las organizaciones que protegen los derechos de los migrantes, advirtiendo que dichas medidas siguen siendo represivas y persecutorias contra los extranjeros, y que estaría vulnerando a los ciudadanos venezolanos.
"Le estamos sumando vulneraciones, como la precarización de la vivienda. Con ello, se dificulta su inscripción a la nómina estatal de regulación, ya que se carga al ciudadano extranjero con más problemas que no son complejos, pero sí difíciles de solucionar. Todo ello obstaculiza que haya una integración entre la comunidad migrante y la comunidad de acogida, vulnerando los principios de igualdad y no vulneración, enfatizando a los trabajadores formales extranjeros venezolanos", señala Maholy Sánchez, criminóloga y especialista en derecho migratoria de Veneactiva.
En paralelo, el Pleno del Congreso, aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto que obliga a las personas extranjeras a identificarse a las autoridades, como la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de contribuir a la lucha contra la criminalidad.
Sin embargo, dicho proyecto ley podría causar problemas a los ciudadanos extranjeros que ya conviven en el país, ya que la norma indica que, de no tener una identificación, el ciudadano extranjero sería expulsado del país.
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Ante ello, Gabriel Vergara, abogado de la ONG Veneactiva, señaló que dicho elemento tiene vacíos que vulneran los derechos de los extranjeros, debido a que puede haber casos donde un ciudadano sufre un robo de sus pertenencias y le sería imposible mostrar a las autoridades.
"Esto coloca al Estado peruano a la comunidad internacional, como indolente, persecutor y que no respeta los estándares de derechos humanos y los compromisos internacionales que el Perú suscribe; además, estas medidas represivas han sido declaradas a puertas del Foro APEC 2024 y la inauguración Megapuerto de Chancay, donde el Perú se mantiene como un país que inspira poca confianza", señala Vergara.
