Hace cinco años, en el marco de las grandes movilizaciones por un país más igualitario, el día 8 de noviembre de 2019, un joven de 21 años salió a la calle a exigir una vida más digna y, tras el brutal accionar de Carabineros, perdió la visión de manera permanente por los perdigones disparados por un agente del Estado. Ese joven es Gustavo Gatica y este lunes su caso al fin llegó a juicio, con la urgente necesidad de encontrar verdad, justicia y reparación.
El juicio oral tiene como principal acusado a un ex funcionario de Carabineros por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, quien arriesga una pena desde los 12 años de presidio mayor en su grado medio. Serán varios los días durante los cuales los distintos participantes abordarán las pruebas presentadas. Este proceso ha sido lento y en reiteradas ocasiones incluso reprogramado. Es por ello que es un gran paso hacia la justicia ver iniciado este periodo que se ha demorado más de lo debido.
El derecho a la reunión pacífica y a la protesta social es un derecho que aparece consagrado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en múltiples tratados internacionales, estableciendo una protección integral para quienes se manifiestan. Como tal, es obligación del Estado respetarlo, protegerlo y salvaguardarlo, ninguna persona debe tener miedo de alzar la voz y de expresar su opinión. Salir a manifestarse no puede ser un riesgo para el derecho a la vida y a la integridad personal.
Cabe recordar que durante las manifestaciones de 2019 se contabilizaron centenares de personas con daños oculares, mutilaciones, graves afectaciones físicas, emocionales y psicológicas, como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza, alejándose completamente de lo establecido por los estándares internacionales de derechos humanos y Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza. Se debe garantizar la rendición de cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos, así como facilitar el acceso a la justicia para Gustavo y las miles de víctimas que aún están a la espera de verdad, justicia y reparación.
A cinco años de las grandes movilizaciones se siguen escuchando discursos negacionistas respecto de los acontecimientos que hicieron que todo el mundo pusiera los ojos sobre Chile. Estos relatos que niegan o que criminalizan el derecho a la reunión pacífica entorpecen el ejercicio de este derecho y permiten que la impunidad continúe.
En su reciente visita, la relatora especial de Naciones Unidas por el derecho a la reunión pacífica insistió en que “la falta de rendición de cuentas, así como la ausencia de enjuiciamientos efectivos tiene como efecto la revictimización influyendo en la salud de las víctimas, familias y comunidades y contribuye a un sentimiento profundo de angustia y desesperación”.
Es fundamental en este contexto reconstruir y preservar la memoria de lo que sucedió en octubre de 2019 para evitar la repetición, es por eso que juicios como el de Gustavo dan esperanza de que el cambio y la justicia es posible, no podemos permitir que hechos como este se vuelvan costumbre.
Para quienes hemos seguido de cerca su caso, esta audiencia representa un paso importante. Desde Amnistía Internacional hemos acompañado cada etapa, exigiendo que los estándares internacionales de derechos humanos sean respetados, que el proceso sea justo y que se haga justicia de manera oportuna y con la responsabilidad de altos mandos.Insistimos en la relevancia de avanzar en los procesos de justicia de cientos de denuncias pendientes, así como de avanzar en una reparación integral para todas las víctimas.
Seguiremos con los ojos sobre Chile, exigiendo justicia para Gustavo y para cada víctima de abusos. Porque si permitimos que esto quede en el olvido, estamos condenando a las futuras generaciones a la misma indiferencia y a los mismos abusos. La justicia tardía también es injusticia, y hoy más que nunca, necesitamos un país donde alzar la voz no signifique poner en riesgo la vida.
