En su cruzada privatizadora del transporte aéreo, el Gobierno criminaliza a los trabajadores de Intercargo, la empresa estatal que brinda todos los servicios en los aeropuertos. Considera “terroristas” y “delincuentes” a los que resisten el derrumbe de sus salarios y provoca con despidos mientras amenaza con reemplazarlos con las fuerzas de seguridad. No conforme, anunció el desguace de la compañía.
