La semana que viene se celebrará el primer Pleno en el Congreso sobre la DANA. En principio, oficialmente, todas las partes reclaman unidad y que se evite la bronca para que solo sirva para dar una imagen de apoyo a las víctimas de la riada, después de que se hayan sentido abandonadas durante una semana justo por razones de competencia política. O incompetencia, según se quiera hacer la lectura.
Sin embargo, las dos administraciones que están bajo la lupa, Gobierno central y Generalitat, han coincidido y en poner en marcha dos equipos de trabajo, que «tiren» de los ministerios y de las consejerías que puedan tener información útil para filtrar informaciones que ataquen al adversario y deriven responsabilidades políticas sobre él. La idea sale de los gabinetes de Pedro Sánchez y Carlos Mazón, en una competencia a cara de perro por ver quién doblega antes al contrario a costa de los más de 200 muertos y casi 100 desaparecidos. Por cierto, fuera de ese barro político que están regando asesores áulicos del jefe del Ejecutivo central y del presidente de la Generalitat, los servicios de emergencia asumen ya que, ni con los dos barcos cazaminas que han llegado a Valencia para rastrear el litoral, hay posibilidades, salvo muy pocas, de recuperar los cuerpos de la mayoría de las personas que siguen sin aparecer desde la noche fatídica del martes de la semana pasada.
La madeja de protocolos de protección civil facilita a los políticos que sigan en los próximos días llenando el cazo de barro para echárselo al contrario. Moncloa cree que tiene ante sí la posibilidad de convertir la tragedia en un golpe de aire fresco para Pedro Sánchez a costa de las diferencias entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, y de los errores, que sí los cometió, del presidente de la Generalitat. Moncloa ignora su dejación de responsabilidades, que también tuvo y tiene, para apuntar solo contra Mazón y Feijóo.
En la estrategia de Moncloa, primero hicieron circular el mensaje de que eran ultras, y no ciudadanos desgarrados por la tragedia, los que atacaron al presidente en su visita a Paiporta. Igual de condenable es la violencia, sea de unos o de otros, aunque el relato de Sánchez necesita el componente de la extrema derecha. De momento, la investigación policial está abierta y no ha concluido en esa dirección.
El siguiente paso de Moncloa ha sido crear el entorno para que Sánchez aparezca como el líder limpio que consigue unir alrededor de él a todos los partidos, incluido el PP y a pesar de los fallos de Mazón. Y mientras, bajo cuerda, ya vuelan los papeles para construir un dosier que debilite tanto a Mazón que le coloque al borde de la dimisión. Y, si no, que fortalezca a Vox para que el Gobierno autonómico del PP salga muy desestabilizado.
La Generalitat está en la misma guerra con la revisión de las obras de infraestructuras planeadas por el Gobierno central y no ejecutadas. Y con la filtración de comunicaciones que probarían que desde Madrid no se les avisó a tiempo de la que se les venía encima. Es difícil que de una crisis como esta salgan bien parados los políticos que la están gestionando, pero en la pelea ya han puesto todos sus recursos, y con la máxima diligencia, esta vez sí, por si acaso. En medio queda Feijóo, con su discurso más de Estado y de apelación a esa declaración de la emergencia nacional que habría ayudado a gestionar con más eficacia la catástrofe.
Por otra parte, la utilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la cercanía de su jefe, teniente general Javier Marcos, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, está levantando suspicacias en el seno de los dos ejércitos y la Armada. Las declaraciones del general dan pie a una lectura política dentro de la gestión de una catástrofe que si de algo está pecando, precisamente, es de un exceso de cálculo político.
El jefe de la UME dejó en evidencia el lunes al presidente valenciano al asegurar que no actuaron antes porque necesitaban «luz verde» de la dirección de la emergencia (Mazón), pero en las Fuerzas Armadas, según sus protocolos de neutralidad, creen que hubo un exceso, aunque tuviera razón, y que en cierto modo se habría saltado las normas más básicas.
Además, dentro de las Fuerzas Armadas también hay un malestar latente, siempre bajo radar, por cómo se ha gestionado la movilización de los uniformados, ya que creen que las decisiones políticas perjudican a la imagen de los militares. Tienen razón en que la orden sobre el momento del despliegue fue política, y en que afecta inevitablemente a su imagen en un momento en el que la gente necesitaba más que nunca que estuvieran a su lado, como ya ocurrió en anteriores tragedias, como la pandemia o el volcán de La Palma.
Y es que en los primeros días de operación para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones, básicamente por esas razones políticas, no se vieron apenas militares en las calles de los pueblos más afectados porque Moncloa y Generalitat estaban enredados en ver quién movía un paso antes que el otro y quién salía mejor colocado ante la opinión pública.
En las Fuerzas Armadas genera preocupación que se pase incluso por encima del prestigio de los militares por interés político. Y son muchos los que lo han ido planteando estos días, la mayoría desde el anonimato, pues quieren evitar cualquier tipo de represalia dentro de esa neutralidad política que se les presupone, aunque no sean ajenos a la realidad que les rodea. «Están utilizándonos como arma política cuando nosotros lo único que hacemos es servir y ayudar. No nos importa qué político nos dé la orden ni la valoramos, simplemente actuamos», asegura a este periódico uno de los muchos militares desplegados en la «zona cero» de la catástrofe. Otros van más allá y critican que «la guerra entre partidos que se ve a diario en el Congreso se haya trasladado a una situación así. Nosotros queríamos salir cuanto antes y estábamos preparados para ello, pero parece que no se quiso arrancar con más fuerza por algún tipo de interés». Algo esto que ha provocado que muchos ciudadanos «nos vean como el enemigo, cuando somos todo lo contrario y así lo hemos demostrado y lo estamos demostrando».
De hecho, desde asociaciones como la de Tropa y Marinería Española (ATME), han incidido en este punto estos días para explicarlo: «Las Fuerzas Armadas son una institución jerarquizada que responde a las órdenes y solicitudes de ayuda de las autoridades civiles en este tipo de desastres, no actúan motu proprio».
