Luego de que la Corte Suprema ordenara el cierre del caso de la desactivación del equipo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la defensa de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, informó en exclusiva para La República que a través de un escrito remitido al Ministerio Público ya le dieron a conocer sus intenciones de que se archive el caso.
"Fuimos notificados el día martes de esta resolución que ampara nuestro pedido y ese mismo día adjuntando dicha resolución presentamos un escrito dirigido a la Primera Fiscalía Provincial Suprema en lo Penal que cese cualquier acto de investigación que estaba desarrollándose y la concluya por mandato de la Corte Suprema", sostuvo.
En esa línea, indicó que el Ministerio Público, aun cuando formalmente todavía no ha emitido esta disposición de conclusión, ya suspendió todo acto de investigación. "Prueba de ello, es que el día de ayer estaba citado Jorge Angulo como testigo, nosotros nos opusimos al desarrollo de su declaración por mandato de la Corte Suprema, el Ministerio Público haciendo eco de esa decisión decidió no ejecutarlo. Lo que corresponde es que emita la conclusión de la investigación y de archivarlo", agregó.
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El Ministerio Público tiene dos opciones: archivar o denunciar constitucionalmente a Dina Boluarte ante el Congreso. En ese sentido, Juan Carlos Portugal no espera el hipotético caso de que presente una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), ya que el Poder Judicial ha rechazado la ampliación de la investigación preliminar.
"No esperamos ese escenario hipótetico por una razón bastante objetiva. El MP ha pedido la ampliación de hasta 8 meses y no se le ha permitido es porque no tiene el caso construido, probatoriamente maduro ni evolucionado" finalizó.
La Fiscalía debe pronunciarse si presentará una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte o archivará el caso, en relación con la desactivación del Equipo Especial de Policías que colaboraba con el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Esta decisión debe ser tomada tras la orden del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien aprobó el pedido de control de plazos presentado por la defensa de Boluarte.
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La investigación atribuye a Boluarte y al exministro Walter Ortiz presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad, motivados por la emisión de la resolución ministerial 0610-2024-IN. Esta resolución desactivó el equipo especial liderado por el coronel PNP Harvey Colchado, alegando duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). La desactivación ocurrió justo antes de que se ordenara la detención preliminar de Nicanor Boluarte y de Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta, respectivamente, como parte del caso "Los Waykis en la Sombra".
La Fiscalía inició la investigación preliminar el 10 de mayo, un día después de la publicación de la resolución ministerial. Según documentación a la que accedió La República, el plazo de 60 días para la investigación venció el 9 de julio, fecha límite para extenderlo. Sin embargo, la Fiscalía emitió la disposición de ampliación recién el 24 de julio, fuera del plazo legal establecido, lo que agrega una complejidad adicional al caso.
