El paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros para atender las necesidades más inmediatas de los afectados por la DANA también llega a la Administración de Justicia. Aunque obviamente las necesidades más urgentes son todavía otras, la iniciativa pretende facilitarles la gestión de petición de ayudas a aquellos que han perdido su vivienda o negocio y con ellos la documentación necesaria para tramitarlas. Por este motivo, el plan de choque incluye mecanismos para que los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles, tras el corrimiento de tierras provocado por las inundaciones, y obtener así la documentación perdida.
Con ese objetivo, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha habilitado un portal de emergencias registrales capaz de ubicar, vía satélite, dónde estaban las fincas afectadas por la riada. Asimismo, los registradores emitirán de forma gratuita notas de localización de patrimonio inmobiliario u otros bienes inmuebles para las personas que lo soliciten y que se encuentren en estos supuestos. Del mismo modo, los notarios podrán prestar asesoramiento notarial, facilitar la prueba documental de derechos existentes y dar solución a otras dificultades para acreditar esas titularidades.
El ministerio que dirige Félix Bolaños también ha habilitado el teletrabajo en juzgados, notarías, el Registro Civil y otras instituciones registrales. Además, se ha aprobado un refuerzo en los juzgados de Torrent, Catarroja y Requena con efectos inmediatos, que incluye la habilitación de un juez y un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) por cada uno de estos partidos judiciales, que empezarán a trabajar el próximo jueves.
Asimismo, el ministerio se ha comprometido con la Conselleria de Justicia de la Comunidad Valenciana a valorar la puesta en marcha de un plan de choque específico para reforzar los juzgados si se produce una acumulación de retrasos en los procedimientos.
Además, se ha ratificado la suspensión de los plazos procesales adoptada por el CGPJ y se ha acordado la suspensión de plazos administrativos para evitar cualquier perjuicio en la defensa de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales o ante cualquier administración.
Con estas medidas, el departamento de Bolaños busca garantizar que los servicios públicos del ámbito de la Justicia ofrecen una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de las personas afectadas por las inundaciones.
