Michaux Miranda, antiguo jefe de personal de ADIF e imputado en el "caso Koldo", ha presentado a la Audiencia Nacional un recurso de reforma ante la negativa del juez instructor a reclamar a la empresa dependiente de Transportes información que él apunta a que demostraría su inocencia y desmontaría las responsabilidades que se extraen de la auditoría interna realizada por el actual equipo del Ministerio con Óscar Puente al frente.
En el recurso Miranda vuelve a defender que es preciso recabar documentación de la contratación porque, explica, le permitiría demostrar que se decidió no contratar con la otra empresa que presentó oferta, INNJOO, y sí con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama de cobro de comisiones ilegales, "la adquisición centralizada de mascarillas" porque la "propuesta logística" que presentó la primera no estaba "tan elaborada".
Refuerza la defensa de este antiguo alto cargo de Transportes la tesis de que por la información que entonces tenía en sus manos la gestora ferroviaria pública y la remitida por INNJOO, señala, el hecho de que a posteriori se vieron obligados a resolver el contrato para la compra de mascarillas de manera anticipada por los incumplimientos de la compañía.
En este sentido, Miranda acusa a algunas acusaciones populares de "parapetarse" en la auditoría encargada por el actual ministro Puente para atribuirle responsabilidad en las supuestas irregularidades.
En este informe, apunta críticamente, "se considera no justificada la propuesta de la Dirección General de Gestión de Personas de ADIF", que él dirigía, de "adjudicar la adquisición centralizada de cinco millones de mascarillas a Soluciones", en vez de a INNJOO.
La Fiscalía también negó su respaldo a que se recabase la documentación de esta adjudicación a INNJOO bajo la tesis de que "acceder a la petición planteada sería redundar en cuestiones sobre las que ya existen elementos probatorios suficientes.
Miranda le contesta en el recurso que "nada más lejos de la realidad" porque, expone, "los testigos ya explicaron (en sede judicial) cuál fue el desenlace de la adjudicación de INNJOO" y, pese a ello, persistieron en dar credibilidad a un "informe de auditoría" que insinúa que la adjudicación debería haberse producido en favor de esta última empresa.
Cuando, explica, el informe de auditoría omite cualquier referencia a que la adjudicación que sí se produjo en favor de INNJOO tuvo que ser anticipadamente resuelta por la incapacidad de dicha mercantil a entregar mascarillas que sea ajustaran a los requisitos técnicos acordados.
Entiende este alto cargo de Transportes con Ábalos que resulta esencial que ADIF informe de los motivos que abocaron a la resolución del contrato y que confirme si las inspectoras de Transportes contaron con dicha información de cara a formular las conclusiones de la auditoría encarga por Puente o, al menos, en lo que respecta a la adjudicación por ADIF en favor de Soluciones.
En este sentido, requiere la necesidad de "disponer de la documentación que acredita la incapacidad de dicha mercantil para cumplir con una adjudicación menor" porque permitirá a esta parte "refutar las conclusiones" de este informe, o al menos en lo que respecta a la adjudicación en cuestión -ADIF en favor de Soluciones-.
Piden librar oficio al Tribunal de Cuentas para recibir una copia testimoniada de la inadmisión de la denuncia de Ramiro Grau -el jurista que fue el primero en denunciar irregularidades en el suministro de mascarillas durante la Covid- al considerar relevante conocer si dicha resolución es firme o contra ella cabe recurso bajo el argumento de que "lo analizado por el Tribunal de Cuentas en dicho procedimiento coincide, en gran medida, con lo que es objeto de investigación en el marco de las diligencias previas".
La defensa de Miranda reconoce la "complejidad del procedimiento" dada la "pluralidad" de partes personadas y la "amplitud" de hechos investigados en relación al entramado de cobro de mordidas en los contratos públicos de las mascarillas.
Pese a ello, no considera que estas diligencias que reclama al magistrado Moreno "supongan o exijan el despliegue de una desproporcionada actividad investigadora frente al fin perseguido: dar posibilidad real a esta defensa de acreditar su inocencia".
Pone en contraste que la Audiencia Nacional diga "no" a practicar las "dos únicas diligencias" que ha pedido, mientras que la UCO, dentro de la amplísima investigación que ha llevado a cabo, "llegó a acceder a la totalidad de los correos" de la cuenta oficial de Miranda como alto cargo de ADIF, además de haberse citado ya a declarar a cinco testigos y tras ser recabada en esta empresa pública dependiente de Transportes la documentación pertinente.
