Navarra se convertirá en la tercera comunidad autónoma en declarar zonas de alquiler tensionado tras Cataluña y el País Vasco. La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha dado a conocer hoy los 21 municipios de la Comunidad foral en los que se va a iniciar el proceso para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado, una medida que, según ha afirmado en unas declaraciones recogidas en una nota del Ejecutivo autónomico, "es necesaria ya que las administraciones públicas debemos utilizar todas las herramientas disponibles a nuestro alcance para tratar de frenar la permanente escalada de precios de la vivienda que están dejando fuera del mercado a miles de familias".
En concreto, los 21 municipios sobre los que se inicia el proceso son Pamplona, Tudela, Egües, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Noáin, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. Los 21 municipios albergan a 459.088 habitantes con los datos del último padrón oficial a 1 de enero de 2023, lo que supone el 68,3% de la población total navarra.
La vicepresidenta tercera ha explicado que lo de hoy “es un anuncio de inicio del proceso, no una declaración administrativa, que llegará más tarde con los preceptivos trámites de información, debate y exposición pública a los que nos debemos”. La previsión es que el primer trámite administrativo tenga lugar en enero de 2025 con la apertura de la exposición pública y la presentación de la Memoria.
Alfaro ha explicado la exploración de datos que se ha realizado y las fuentes estadísticas contrastadas para cumplir al menos uno de los cuatro requisitos que exige la Ley de Vivienda para declarar estas zonas y que son que la evolución de los precios, tanto en compra como de alquiler, sean superiores al IPC más tres puntos en los últimos cinco años o que el esfuerzo de las familias, tanto en compra como en alquiler, sea superior al 30% de renta media de los hogares.
En virtud de estos datos, y tras explorar las estadísticas procedentes del Colegio de Registradores de España, Instituto Navarro de Estadística (NASTAT), Hacienda Foral Navarra y Registro de Alquileres del Gobierno de Navarra, en nueve municipios se han dado dos de los requisitos, el de evolución de precios tanto en compra como en alquiler, en diez municipios se ha dado el requisito de la evolución de precios en alquiler mientras que en dos se ha dado el requisito en la evolución de precios.
La directora general de Vivienda, Elga Molina, ha detallado el proceso que se inicia a partir de ahora, comenzando en los dos próximos meses con la ronda y contactos con otros departamentos del Gobierno de Navarra, ayuntamientos declarados y actores implicados. Al mismo tiempo, ha añadido que se elaborará la Memoria preceptiva y un plan de medidas genérico que recoja las principales acciones que el Gobierno quiere llevar a cabo tras la declaración. Será a principios de enero, según ha detallado, cuando todo el proceso de declaración de zonas de mercado residencial tensionado entrará en el proceso administrativo propiamente dicho, con la pertinente fase de exposición pública preceptiva de dos meses en donde se recogerán todas las alegaciones que reciban.
Tras este proceso, será cuando se emita la Orden Foral de Declaración y "en ese momento comunicaremos al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la resolución y será el Ministerio quién nos facilite el Índice para el tope de precios al alquiler que se aplicará en las zonas declaradas de mercado tensionado", ha añadido Molina.
Para finalizar, el Gobierno navarro se dará un plazo de seis meses para elaborar, junto a los municipios declarados, el Plan de Medidas Específico para cada uno de los municipios.
La declaración de zona tensionada implica la intervención de los alquileres en estas áreas, tanto para pequeños como para grandes propietarios. Los topes se establecen, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.
