La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha trasladado públicamente su interés por "reiterar y reafirmar ante la sociedad española, con más fuerza si cabe" que la publicación de la nota aclarando la negociación entre el novio de Díaz y el Ministerio Público, ordenada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ejecutada por la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, se hizo "bajo amparo legal y estatutario, fue legítima y, además, necesaria".
Es su reacción a la entrada y registro practicada este pasado jueves en el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado por la Unidad Central Operativa (UCO), siguiendo ordenes del Tribunal Supremo, que le investiga por relevación de secretos en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por lo que traslada su absoluto respaldo la agrupación de fiscales, que preside Félix Martín González, y muestran, al mismo tiempo, su "profunda preocupación por las consecuencias altamente nocivas" que tiene, bajo su óptica, la imputación del fiscal general y, con ello, "la decisión judicial (del Supremo) de no archivar de plano la causa" en la que aseguran que hay una "manifiesta carencia de fundamento"
La asociación, de la que García Ortiz fue miembro y presidente-portavoz de mayo de 2013 al 1de junio de 2017, ven en el procedimiento un daño "para la institución", el Ministerio Fiscal, "que cumple una imprescindible función", un perjuicio que hace extensible hasta a la propia Justicia.
Por su parte, Jueces para la Democracia (JJpD), equivalente a la UPF en la magistratura, ha mostrado su respaldo a Álvaro García Ortiz cuestionando la "proporcionalidad" de este registro e invitando a reflexionar sobre la procedencia de una medida "que afecta a los derechos fundamentales" en el marco de la instrucción penal que desarrolla el alto tribunal en su contra.
Respecto al presunto ilícito por el que está imputado, esta asociación asegura que la revelación de secretos es "un delito menos grave", lo que, defiende, "obliga a una fundamentación reforzada" siguiendo la jurisprudencia del propio Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Recuerda esta asociación de jueces judicial, cuyo portavoz nacional es Edmundo Rodríguez Achutegui, que cuando se ven involucrados derechos fundamentales, como afirman que ocurrió con la incautación de sus dispositivos y los correos electrónicos enviados y recibidos desde el pasado 8 de marzo por García Ortiz, "ha de procurarse la menor afectación de los mismos si existen otras medidas que suponen menos injerencia, pero son igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación".
A la vista de la naturaleza de la medida adoptada, señala JJpD que es fundamental que se preserve el resultado de la diligencia de investigación con el fin de evitar "las filtraciones que tienen lugar en casos similares".
"Lo contrario", advierte la agrupación en un comunicado, "podría suponer que, para garantizar el derecho de defensa de quien se presenta como perjudicado, se vulneren los derechos fundamentales de otras personas".
