"Más concentración, menos soberanía alimentaria y un acceso a la comida cada vez más difícil para los sectores populares", es el resultado que arrojó un estudio sobre la desregulación del sistema alimentario que elaboraron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA).
El relevamiento sobre el impacto en la producción y consumo de alimentos del "vaciamiento" de políticas, organismos y leyes mostró que hoy, con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) o una jubilación mínima, es posible preparar un 27% menos de porciones de guiso que en noviembre del año pasado.
En contraste, la investigación "Rascar la olla", precisó que las empresas alimentarias aumentaron sus ganancias un 1300% y el complejo exportador de granos un 4900%, en el mismo período.
Las conclusiones se expusieron, este jueves, en una mesa de debate con Nicolás Caropresi (MTE - UTEP), Julián Ferrero (Ciudad Futura), Hugo Sand (APAM-Misiones), Deolinda Carrizo (MNCI), Diego Montón (MNCI-ST) y Diego Mora, del Observatorio Villero de La Poderosa.
Entre los hallazgos, los investigadores destacaron que de noviembre a julio se desmantelaron 111 políticas públicas relacionadas con la producción, consumo y acceso a los alimentos.
"Apenas asumida la presidencia, Javier Milei puso en marcha un plan de ajuste brutal orientado por un solo objetivo: lograr el superávit fiscal, sin importar a qué costo", indicaron y enumeraron la "brusca" devaluación del peso; el despido de decenas de miles de trabajadores del sector público y un recorte "feroz" de todo el gasto público.
Estas decisiones que generaron una caída de la actividad económica con aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos no impactan por igual en los distintos estratos sociales. "El ajuste lo pagaron quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad", como quienes perciben la jubilación mínima, trabajadores informales, cuidadoras, entre otros.
En ese sentido, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) son reveladores ya que, en el primer semestre de 2024, la pobreza creció 11,2 puntos y al menos 5.379.588 personas no llegan siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos.
Para el análisis, se relevaron 111 políticas y se volcaron los resultados de producción, acceso, y apoyo al consumo popular a través de un "semáforo".
Además, para hacer más representativo el estudio, se calculó el aumento del precio de un plato de guiso y de una taza de mate cocido con pan, considerando los costos de sus ingredientes y su relación con el SMVyM, entre noviembre de 2023 y julio de 2024.
Entre las conclusiones, se destacó que el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
El costo de preparar un guiso aumentó un 151% en 8 meses, por eso, con el SMVyM o una jubilación mínima en julio, es posible preparar un 27% menos de porciones.
En el mismo sentido, tomar una taza de mate cocido con leche y pan implica un incremento del 147%; solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período.
Mientras las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1300% y el complejo exportador de granos un 4900%, entre noviembre y julio, los precios de los alimentos aumentaron un 128%.
En cuanto a las medidas del sector público, en los primeros nueve meses de gestión, el gobierno implementó 111 políticas relacionadas con la producción y acceso a los alimentos. "La mayoría de las políticas que favorecen el derecho a la alimentación fueron afectadas de manera negativa", plantea el documento.
El refuerzo de ingresos a través de AUH, AUE y 1000 días fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica
En términos de producción de alimentos, describe que las medidas adoptadas favorecieron principalmente la promoción de la actividad agropecuaria, agroindustrial y minera para la exportación de commodities, junto con la desregulación de las economías regionales. En simultáneo, advierte que se eliminaron políticas dirigidas a la agricultura familiar campesina e indígena.
Como contracara a la desregulación del mercado alimentario el análisis muestra que se desprotegió a los consumidores. "Se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía, y se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional", destacó.
En el período abarcado, los precios al consumidor aumentaron un 111%, sin embargo, la participación del productor en el precio final pasó de un 12% en marzo de 2023 a entre un 5% y un 8% en junio de 2024.
En cuanto al apoyo al consumo popular de alimentos, se eliminaron políticas comunitarias, mientras que se reforzaron presupuestariamente las políticas asistenciales de transferencia directa para grupos específicos -AUH, AUE y 1000 días-. Aun así, el aumento de los niveles de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2024 muestran que este refuerzo de ingresos, fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica.
Por último, la investigación alerta que "la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo argentino están en juego".
"Las políticas implementadas por el gobierno favorecen la concentración económica del sistema agroalimentario, perjudicando el acceso a los alimentos de los sectores populares", concluye.
