El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, asumió la cartera el 16 de mayo, anunciando que el eje principal de su gestión sería la lucha frontal contra la corrupción, “empezando por casa”, y la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. “Saldremos a las calles, a cazar a los delincuentes. No nos quedaremos detrás del escritorio”, indicó.
Sin embargo, los indicadores vinculados a inseguridad se han agravado. En los 156 días que lleva en el cargo, se han reportado al menos 736 homicidios y 9.145 denuncias por extorsión, según un informe de Panamericana.
Y de acuerdo con el Sinadef, este podría ser el año con más asesinatos desde 2017. Hasta el 10 de octubre se han registrado 1.493 homicidios a nivel nacional.
En cuanto a Lima, de enero a septiembre se cometieron 670 asesinatos, la mayoría de ellos por sicariato, según cifras de la propia Policía.
En la región La Libertad se registraron 189 homicidios, de los cuales el 97% fue por venganza y por hegemonía. No obstante, 123 asesinatos calificados ya han sido resueltos.
Entre enero y agosto se registraron 14.220 denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que representa un incremento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 13.648 casos.
Santiváñez asegura que se están cumpliendo los anuncios que formuló para fortalecer la lucha frontal contra el sicariato y la extorsión. Señala que dichas acciones se enmarcan en una estrategia integral que busca reducir de manera drástica estos flagelos en ámbitos sensibles, como el transporte público y la actividad comercial formal.
Afirma que uno de los primeros anuncios cumplidos fue la creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex) a cargo de investigar, identificar y desarticular las bandas de extorsionadores.
A ello, señala, se suma la intensificación de los operativos policiales en puntos críticos del país, con un aumento considerable de efectivos en los paraderos y en las propias unidades.
Otra medida es la implementación de la Línea 111, que contribuye con la formalización de las denuncias y el acopio de información sobre estos delitos.
Asimismo, la solicitud formulada al Ministerio Público para la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Extorsión, que contribuyan con la persecución de este flagelo.
Por último, el 27 de septiembre el Gobierno declaró el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao.
El Gobierno también evalúa extender el estado de emergencia a otros distritos de Lima y Callao, además de otorgarle a las Fuerzas Armadas el control del orden interno.
¿Es la solución para mitigar la criminalidad? Todo indica que no es así.
En los primeros veinte días de vigencia de esta medida se cometieron 25 asesinatos.
Para el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), coronel EP (R) Juan Carlos Liendo, la respuesta es un contundente no. Señala que esto evidencia, indirectamente, que el Ejecutivo reconoce que las labores de la Policía no son suficientes para combatir a la delincuencia organizada.
Y el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, sostiene que en los últimos años se han declarado en emergencia varios distritos de Lima y el Callao sin que la seguridad haya mejorado.
“Al vencimiento del plazo de esta nueva medida ocurrirá lo mismo. Y el incremento de penas para el sicariato y la extorsión, así como la tipificación del delito de terrorismo urbano, cuando esos actos generen terror o zozobra en la población, tampoco tendrán incidencia para combatir la inseguridad. Es populismo penal”, indica.
Sostiene que la creación de un equipo especial de policías contra la extorsión (Gorex) es una medida acertada, siempre que prioricen la inteligencia y tengan claro que ese delito está ahora extendido en todo el país, manejado por redes criminales.
“Por ello, la asignación de los 100 efectivos debería ser solo el inicio, junto a la dotación de logística y de tecnología. La implementación de la Línea 111 para recibir denuncias es también acertada, mejor si también la Central 105 permite recibir esas llamadas”, subrayó.
Por su parte, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, defendió el trabajo del Ministerio Público y desmintió al primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien sugirió inactividad por parte de los fiscales.
“El premier dijo que solicitaron la creación de una fiscalía contra las extorsiones y manifestó que no hemos hecho nada. Cosa más falsa, le digo que se debe informar mejor, estamos trabajando con el Grupo Gorex y no con una, sino con 4 fiscalías”, aclaró tajante.
Agregó que ya se están llevando a cabo investigaciones y coordinaciones con la PNP, aunque indicó que los investigadores necesitan mayor presupuesto para enfrentar el crimen organizado y la extorsión.
Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, la Línea 111 solo se está dedicando a pasar las denuncias a las comisarías, sin embargo, “este procedimiento es insuficiente, considerando el propósito de creación de la Línea 111” que es la atención directa de los casos de extorsión.
“El objetivo es atender las denuncias de las personas y recabar información que permita a la PNP ejecutar operaciones que posibiliten la captura de los autores”. Y eso no se hace.
Otro anuncio que hizo Santiváñez es la convocatoria de al menos 200 exagentes de la Policía con experiencia en la lucha contra la extorsión y el secuestro. Ello fue en setiembre y el ministro no ha vuelto a hablar del tema. ¿La razón? Hasta ahora no hay presupuesto para ello y tampoco un plan de trabajo.
Así, la población siente que el ministro no acierta una, persigue fantasmas y detiene solo a inocentes.
La congresista Susel Paredes (BDP) dijo que “en lugar de tener un ministro del Interior que tenga una estrategia discreta, que guarde la información, tenemos un histriónico que más bien se dedica todo el tiempo a hablar y defenderse, porque hay plata que está gastando el Estado peruano en que se defienda de sus propios procesos penales”.
“Es un ministro que no ha mostrado tener un liderazgo. Tiene acciones esparcidas, pero no ha podido concretarlas”, expresó, al tiempo de referirse a la situación que atraviesa un importante sector de transportes que se encuentra paralizado por las extorsiones y el sicariato.
Hubo “éxitos” que son muy funcionales a un sector del Congreso y, por su puesto, a Palacio de Gobierno, como la desactivación de la Diviac y la obstrucción a las investigaciones y campañas de demolición contra el Ministerio Público .
En lo que ha fracasado rotundamente es en enfrentar el desborde criminal. Seguimos sin una estrategia clara. Avaló la modificatoria de la ley contra el crimen organizado que sacó de este ámbito a las extorsiones, secuestro, robo agravado, el sicariato, etc.
Aunque nos jure que se redujeron en 72% los ataques extorsivos en pleno estado de emergencia, han aumentado.Y la habilitación de la Línea 111 grafica el desconocimiento de la naturaleza del problema.
El factor que no estaba en el cálculo del ministro son las protestas y la movilización masiva de las víctimas de extorsión. Esta vez los muertos están hablando y pidiendo cuentas. Esta vez no va a ser fácil escamotear el fracaso que siempre ha sido los estados de emergencia.
