Diversos escándalos del último tiempo nos han mostrado que la eficiencia del mundo privado para generar bienestar social no es mayor al del aparato público. En particular porque cuando la corrupción se da desde el mundo privado suele tener un impacto muy grande. Nos referimos a los grandes actos de colusión (pollos, papel higiénico, farmacias y más recientemente casinos), de impacto medio ambiental (destrucción de glaciares o contaminación por el cultivo intenso de salmones o cerdos) o derechamente de abuso de recursos públicos (los sueldos en la USS).
Eso nos lleva a imaginar que hay muchas actividades de la economía que a uno podría gustarle que fueran transferidas al estado. Así, uno podría apelar a que el estado oferte la compra de algunos negocios, que obligue a privados a vendérselos (estatización) o derechamente a confiscarlos.
Y aquí es donde quiero hacer la conexión con la propuesta del Gobierno de dar término al Crédito con Aval del Estado.
Es importante aclarar. El Proyecto de Ley tiene dos grandes áreas de acción: el futuro (no volver a ofrecer CAE de aquí en adelante) y el pasado (ofrecer un alivio a los actuales deudores de los tres principales tipos de crédito: CAE, Corfo y Fondo Solidario). Esa es la discusión que se viene de ahora en adelante en el Congreso de la República.
Pues bien, respecto al pasado, lo que a mi me habría gustado es que sencillamente los créditos de estudio que los bancos poseen (y que agobian a centenas de miles de familias) fueran confiscados. Creo que habría sido un imperativo ético demostrar que el lucro que los bancos obtuvieron, al menos con el CAE, ya fue suficientemente inmoral, tanto por el daño provocado a las familias como por el detrimento a las arcas fiscales.
El problema es que las normas legales en Chile hacen muy difícil lograr la confiscación. Y como creemos en la democracia, no nos gusta el autoritarismo y bogamos porque las instituciones funcionen, pues, bueno, el imperativo ético mayor es respetar la legalidad vigente. Por eso no podemos confiscar.
De ahí que la propuesta del Gobierno es que, para aliviar la situación de los deudores de créditos de estudio, se compren las deudas, es decir, el estado pagará a los bancos a nombre de los deudores y los deudores pasarán a tener obligaciones (distintas a las que tenían antes) para con el estado.
Puede no gustarnos, pero pareciera que, bajo el marco vigente, no hay más alternativa: los bancos terminarán lucrando porque la ley ampara ese lucro… ilegítimo, pero legal.
También es importante aclarar que una motivación importante para la compra inmediata de esos créditos es que, a la larga, el estado ahorrará dinero porque la experiencia mostró que las Garantías (“Aval del Estado”) terminan saliendo más caras a largo plazo.
Finalmente, ahora cabe desenmascarar la genuina motivación que tienen muchos de los que ya saltaron a oponerse a la iniciativa. Existe una mañosa intención de confundir, de mezclar, las dos facetas del proyecto.
Los datos presentados hasta este momento muestran que al estado le sale más barato financiar por sí mismo el nuevo Fondo que seguir garantizando créditos por los bancos (porque a los bancos se les paga con sobrecarga). Así las cosas, si aquellos que se oponen al proyecto de ley (diciendo que no es justo que todos los chilenos se hagan cargo de las deudas de quienes estudian) fueran honestos, se opondrían solamente a la parte del proyecto de ley que se refiere al pasado, es decir a la compra de los créditos ya vencidos. Pero no, muchos de los que se oponen al proyecto lo hacen porque en realidad están defendiendo el negocio futuro de los bancos, quieren mantener el interés usurero porque defienden intereses de la banca.
La discusión honesta es respecto a los beneficios netos que para la mayoría de la población tendrá la aplicación de las dos partes del proyecto. Lo concreto es que se amplían las posibilidades de estudio para la mayoría de chilenos, se disminuyen las deudas para una enorme fracción de chilenos (¡incluso se abarata el costo para aquellos que no accedan a los beneficios!) y además se ahorra una buena tajada del presupuesto fiscal.
Si se van a oponer, ojalá que lo hagan con argumentos honestos y no escondiendo su firme convicción de que los bancos deben manejar el negocio… por el argumento que sea.
