La portavoz popular en el Senado habrá pensado que, si la Sala Segunda del Supremo está dispuesta a actuar de manera extravagante, por qué no va a hacerlo el PP con la reforma para la convalidación de penas
En la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley 7/2014, trasposición de una directiva comunitaria relativa al cumplimiento de la pena privativa de libertad respecto de un condenado que ha cumplido la pena en cárceles de distintos países de la Unión Europea, el PP ha hecho el ridículo de manera palmaria.
Doy por informado a los lectores y no voy a repetir lo que se ha dicho respecto de la tramitación parlamentaria de la ley y de la vergüenza que han tenido que pasar los diputados y senadores del PP.
Lo que me ha resultado incomprensible es que, después de haber hecho el ridículo en la que podríamos denominar “fase ascendente” de la ley, estén dispuestos a continuar haciéndolo en la “fase descendente”.
El ridículo en la “fase ascendente” se ha traducido en la negativa a dar por aprobada una ley que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y frente a la cual no se había opuesto ni veto ni enmiendas en el Senado. Inicialmente parecía que iban a aceptar que la ley ya había sido aprobada, pero la mayoría absoluta es muy mala consejera y con base en ella se han inventado un veto imposible, con la finalidad de no dar su brazo a torcer y forzar al Congreso de los Diputados a tener que volver a pronunciarse sobre la norma para levantar dicho veto imposible, cosa que, evidentemente, no han conseguido, porque no lo podían conseguir.
No contentos con el ridículo de esta semana pasada, la portavoz del grupo parlamentario en el Senado, Alicia García, ha anunciado que, si la Mesa del Congreso de los Diputados no rectifica y convoca un Pleno de la Cámara para pronunciarse expresamente sobre el veto imposible del Senado, la mayoría absoluta del PP suscitará ante el Tribunal Constitucional un conflicto entre órganos constitucionales.
En el caso de producirse nos encontraríamos de nuevo ante un acto del que no existen precedentes desde la entrada en vigor de la Constitución. Pero me imagino que la presidenta del grupo parlamentario popular en el Senado habrá pensado que tampoco había precedente de la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de dictar un auto afirmando que no tenía duda de la constitucionalidad de la ley de amnistía respecto de un determinado artículo de la misma, razón por la cual no se sentía obligada a elevar una cuestión de constitucionalidad respecto de dicha ley, para a continuación elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra la misma con la finalidad de guardarse las espaldas ante una eventual querella por prevaricación.
El disparate de la Sala Segunda del TS ha sido monumental, de la misma manera que también lo ha sido la decisión de haber admitido a trámite una querella y haber decidido que hay indicios para estudiar la conducta del fiscal general del Estado por un posible delito de revelación de secretos, decisión que también carece de precedentes desde la entrada en vigor de la Constitución.
Me imagino que la portavoz del grupo parlamentario del Senado habrá pensado que, si la Sala Segunda del Tribunal Supremo está dispuesta a actuar de manera extravagante, por qué no va a estarlo el grupo parlamentario del PP en el Senado.
Tengo la impresión de que el conflicto entre órganos constitucionales no se acabará presentando, porque es tan descabellado que en el propio PP se darán cuenta de que no van a obtener ningún rédito de dicha operación. Pero con el desvarío en materia judicial en que el PP se está manejando, puede acabar pasando cualquier cosa.
