Revelación de secretos, el musical

De los creadores del “me gusta la fruta” y “que te vote Txapote” llega ahora una nueva superproducción: “El fiscal va pa'lante”, dirigida por Miguel Ángel Rodríguez y protagonizada por Isabel Díaz Ayuso, a gritos, desde la Asamblea de Madrid.

A los coros, como siempre, la prensa afín. Y también algunos jueces que cada día se esconden menos, que cada día asustan más. “El que pueda hacer que haga”, como dijo José María Aznar.

No dirás que no avisé. Antes de verano, en otro boletín, ya te conté lo que iba a ocurrir: cómo la derecha iba a tratar de tumbar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Era muy evidente la jugada. Se veía venir porque es lo habitual. Como escribe José Precedo, en un artículo que te recomiendo; “El Kremlin de Ayuso: cada vez que salen a la luz delitos y corrupciones familiares, cae alguien por la ventana”. Que le pregunten a Pablo Casado; él lo puede confirmar.

El Tribunal Supremo ha hecho historia esta semana. No precisamente para bien. Es la primera ocasión en democracia en la que un fiscal general será investigado. No hay tampoco muchos precedentes de un fiscal imputado por la acusación de un presunto delincuente, inmerso en otro proceso penal. 

La jugada no solo busca descabezar el único órgano de la Justicia en España que no está completamente controlado por la derecha. Es más enrevesada y también puede servir para exonerar de su fraude fiscal al denunciante, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Pero empecemos por los hechos. Que son complejos y conviene explicarlos con claridad. 

Todo esto arrancó siete meses atrás. El 12 de marzo, elDiario.es publicó la primera exclusiva sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso: 350.000 euros que no pagó por medio de una trama de facturas falsas, tras cobrar un pelotazo de dos millones por la compraventa de mascarillas en plena pandemia. 

¿Te imaginas, es un suponer, qué diría la derecha si Begoña Gómez hubiera hecho algo así?

Para tapar este escándalo, el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, comenzó con sus tácticas habituales de desinformación. Varias de esas jugarretas seguro que las recordarás: acusar a los periodistas de elDiario.es de asaltar “encapuchados” la casa de la presidenta de Madrid. O amenazarnos con el cierre y, que nos iba a “triturar”.  O esa mentira de que era Hacienda quien le debía dinero a la pareja de Ayuso y no al revés. 

Al día siguiente de nuestra primera noticia, el jefe de gabinete de Ayuso filtró a varios medios una información incompleta y manipulada para intentar desacreditar nuestra investigación. Y cuando digo que fue Miguel Ángel Rodríguez quien filtró ese bulo no es una deducción. Él mismo lo reconoce en redes sociales y además hemos publicado las pruebas. Este es uno de los mensajes que MAR mandó la noche del 13 de marzo a varios periodistas de Madrid.

La información remitida por Miguel Ángel Rodríguez fue publicada en varios medios sin siquiera contrastar. Fue a las 21:29 de esa noche cuando salió a la luz el primer correo electrónico de esa negociación. 

Los titulares falsos siguen en El Debate –La Fiscalía ofreció un acuerdo a la pareja de Ayuso que luego retiró por órdenes «de arriba»–, o en Libertad Digital, o en Voz Populi. Algunos de estos medios, como El Mundo, corrigieron a posteriori su noticia. Pero Internet también deja rastro y la primera versión que publicaron aún se puede consultar. 

El bulo de Miguel Ángel Rodríguez omitía un dato fundamental: era falso que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso poco después de que elDiario.es hubiera publicado su exclusiva. Y también era mentira que ese acuerdo se hubiera vetado por “órdenes de arriba”, como decía MAR. Quien primero había ofrecido un acuerdo no fue la Fiscalía: fue el propio Alberto González Amador. Y ese posible pacto de conformidad –muy habitual en este tipo de pleitos– ni antes ni ahora se vetó.

Tras publicarse este primer bulo de MAR, la Fiscalía General del Estado lo desmintió. Era su obligación; es lo que hace cualquier institución democrática cuando se le acusa falsamente de una barbaridad así. Lo hizo con una contundente nota de prensa –la puedes leer aquí– donde aclaraba la cronología de los distintos correos entre el abogado de González Amador y el fiscal que lleva el caso, Julián Salto.

Horas después de que se filtrara el primer mail, varios medios de comunicación –también elDiario.es– publicamos otro correo del abogado de González Amador. Un documento que desmontaba completamente el burdo intento de intoxicación. No era una persecución política. De hecho, el fiscal Salto no conocía siquiera la relación de este defraudador con Ayuso. Y un mes antes de que elDiario.es publicara la primera noticia, Alberto González Amador ya había confesado. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”, decía su abogado en ese mail dirigido a la Fiscalía de Madrid.

Desarticulada esa primera patraña, Miguel Ángel Rodríguez cambió de estrategia. Ahora la acusación era otra: la Fiscalía era responsable de un delito de revelación de secretos: por la nota de prensa que había difundido para desmentir esa información falsa.

Una supuesta revelación de secretos que inicia el propio Miguel Ángel Rodríguez, con la primera filtración de esos correos. Pero no busquen la más mínima coherencia: el doble rasero es la ley que manda aquí. 

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid puso una querella contra la Fiscalía –dato importante: el secretario general de esta institución era hasta hace nada el abogado general de la Comunidad de Madrid, trabajaba en el equipo de Ayuso–. Y a esa vía se sumó poco después Alberto González Amador. Ambas querellas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue una decisión muy calculada, que es importante entender.

El fiscal general del Estado siempre fue el objetivo a batir. No es tampoco una deducción: así lo indicaba MAR en cada tuit que ponía, casi siempre a última hora del día y con una ortografía peculiar. Pero resulta que García Ortiz está aforado ante el Tribunal Supremo y la doctrina de este tribunal es que hacen falta indicios mínimamente sólidos para iniciar cualquier investigación. Así que la acusación dio un rodeo para coger impulso: la primera querella iba dirigida contra Julián Salto, el fiscal de Madrid que lleva el caso, que está aforado en este Tribunal Superior de Justicia autonómico. Y también contra María Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid.  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid comenzó a investigar a una velocidad inusitada, muy distinta a la que suele aplicar con otros casos. La querella llegó el 21 de marzo y fue admitida a trámite apenas un mes después. Toda la investigación se centró en un único punto: la famosa nota de prensa. Quién la había mandado y por órdenes de quién.

Hoy sabemos con bastante certeza cómo fue. Los datos aparecen en la investigación judicial. Tras ver publicado el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, la noche del 13 de marzo, el fiscal general del Estado llamó a María Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid. Fue ella quien después telefoneó a Julián Salto –el fiscal que lleva este caso– para pedirle toda la información. A las 21:52, el fiscal Salto envió los correos con el abogado de González Amador a sus dos jefas: a María Pilar Rodríguez, la fiscal jefa provincial, y también a Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. María Pilar Rodríguez después reenvió esos correos al fiscal general, Álvaro García Ortiz. 

Al día siguiente, por la mañana del 14 de marzo, el equipo de la Fiscalía General del Estado elaboró el borrador de la nota de prensa. Álvaro García Ortiz mandó ese borrador a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y le pidió que lo remitiera cuanto antes a los medios. Lastra se resistió, pero finalmente obedeció las órdenes del fiscal general. Fue ella quien formateó el documento desde el borrador de word, le puso el encabezado y finalmente envió la nota a los periodistas, a través de su jefe de comunicación. 

La primera gran anomalía de este caso llega aquí. El delito de revelación de secretos –artículos 197  y 417 del Código Penal– castiga al que difunde los datos. Y ningún funcionario está jamás obligado a obedecer una orden de un superior si considera que es ilegal: no vale esta excusa para eludir la responsabilidad. De ser culpable el fiscal general del Estado por ordenar esa nota de prensa, también lo sería igualmente Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid que finalmente la difundió.

Pero Almudena Lastra ni siquiera fue imputada. El Tribunal Superior de Justicia solo la citó a declarar como testigo, no como investigada. Y en esa declaración fue donde Lastra confesó su participación en lo ocurrido para responsabilizar de todo ello al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También hizo públicos los mensajes de whatsapp que, durante la mañana del 14 de marzo, le mandó el fiscal general: “Hay que sacar la nota”, “nos están dejando por mentirosos”, argumentaba García Ortiz.

Dato importante. Aunque Almudena Lastra estaba considerada como una fiscal progresista –en 2008 fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE–, hace tiempo que ya no lo parece: mantiene una excelente relación con el presidente del TSJ de Madrid, el conservador Celso Rodríguez, y también con la propia Isabel Díaz Ayuso, a la que ha favorecido con algunas polémicas decisiones.

Almudena Lastra fue la fiscal que se negó a investigar las 7.291 muertes de ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia con argumentos bastante cuestionables. En su escrito sobre este asunto, la fiscal Lastra sostuvo que el protocolo que ordenaba no derivar a los ancianos de las residencias a la sanidad pública “no funcionó como impedimento”. O incluso argumentó que esos ancianos recibieron en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido en caso de ser derivados”. Ambas afirmaciones son rotundamente falsas. Y han sido claves para que nadie en el Gobierno de Ayuso haya tenido que responder por estas muertes ante ningún tribunal. 

Pero volvamos a la revelación de secretos. Al poco de iniciarse esta investigación, el fiscal general del Estado asumió públicamente toda la responsabilidad por la nota de prensa. Con ello buscaba la desimputación de la pobre fiscal jefa provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, que también había participado en su elaboración. Algo que no logró. El Tribunal Superior de Justicia sí archivó completamente toda la investigación penal contra el fiscal Julián Salto, pero pidió al Tribunal Supremo que investigara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. 

El auto del TSJ de Madrid pidiendo al Supremo que impute al fiscal general es del 15 de julio: solo cuatro meses después de presentarse las querellas. La Justicia, siempre tan lenta, aquí fue a toda velocidad. 

Esta semana, el Tribunal Supremo ha respondido a esa petición. Y su decisión es muy peculiar. Abre una investigación penal contra el fiscal general del Estado, pero no por la nota de prensa, en la que no ve delito alguno. Investigará a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, pero con otra acusación: por los correos que publicamos distintos medios, como elDiario.es.

María Pilar Rodríguez, la fiscal provincial de Madrid, sigue imputada, junto con el fiscal general. Pero al igual que ocurre con la nota de prensa –donde participaron al menos tres personas, aunque el TSJ de Madrid solo vio indicios de delito en dos– con el tema de la filtración de los correos la lista de sospechosos es bastante mayor.

Los mails cuya filtración ahora investiga el Tribunal Supremo llegaron a una dirección genérica de la Fiscalía de Madrid a la que tienen acceso 18 personas: 14 fiscales y otros cuatro funcionarios.

La noche del 13 de marzo, el fiscal Salto envió esos correos a la fiscal provincial, María Pilar Rodríguez, y a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. Después llegaron a la Fiscalía General del Estado, donde tuvieron acceso a ellos unas cuantas personas más. 

Pero es que además esos correos también los tenía el propio Alberto Gónzález Amador. Y sus abogados. Y Miguel Ángel Rodríguez. Y los medios conservadores que los publicaron en primer lugar. 

Estamos hablando de al menos medio centenar de personas en total, probablemente más. Pero el Tribunal Supremo, siempre tan peculiar, ha decidido que hay indicios para investigar por la filtración a solo dos. 

Otro dato, que es revelador. En la primera información que publicó El Mundo el 13 de marzo –aquí se puede leer– se dice textualmente que la propuesta de la fiscalía “consiste en la admisión por parte de González Amador de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental a cambio de una multa y una pena de prisión que no implique su cumplimiento efectivo, es decir, el ingreso en la cárcel”. Pero esos detalles no aparecían en el mail que difundió ese periódico: estaban en el segundo correo, ese que ahora investiga el Tribunal Supremo. 

¿Acaso el fiscal general del Estado filtró a El Mundo una correspondencia que en aquel momento ni siquiera tenía? ¿O es que –más probable– aquel secreto fue revelado en primer lugar por Miguel Ángel Rodríguez y el propio denunciante, Alberto González Amador?

La causa ahora la va a instruir el juez Ángel Hurtado. Es un magistrado que fue ascendido al Tribunal Supremo en 2020, nombrado por la mayoría conservadora del anterior Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato ya había caducado. ¿Su mérito más famoso? Ser el único juez del tribunal de la Gürtel que pidió en ese caso la absolución del PP. También fue el único juez de ese tribunal que se opuso a que M. Rajoy fuera llamado como testigo a declarar.

El delito de revelación de secretos en la Justicia española es como ese casino de la película Casablanca, donde el capitán Renault pronunciaba esa famosa frase: “Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega”. Todos los días, todos los medios del mundo publicamos datos procedentes de investigaciones judiciales. Muy rara vez se llegan siquiera a investigar: la doctrina de casi todos los países democráticos es que prima el derecho a la información.  

Todas las semanas, alguien en el Tribunal Supremo revela secretos, un delito que suele ser imposible de demostrar. ¿O cómo sabía si no Miguel Ángel Rodríguez que el fiscal general del Estado iba “pa'lante”, como hace pocos días tuiteó?

Pero es que además es muy cuestionable que esos correos o esa nota de prensa supongan secreto alguno. O que pongan en cuestión el derecho a la defensa de Alberto González Amador. 

Todos los días, en todos los tribunales de España, se negocian pactos de conformidad entre la Fiscalía y los acusados. Y esto muchas veces ocurre delante del propio juez, que en caso de que no haya acuerdo no considera por ello que el acusado sea culpable. Depende de lo que se demuestre en el juicio, no de la voluntad previa del acusado por admitir el delito a cambio de una pena menor. 

Lo único que quedó en entredicho con la difusión de esos correos no fue la defensa judicial de Alberto González Amador: fue la defensa mediática de su pareja, Isabel Díaz Ayuso. 

La investigación del Supremo contra Álvaro García Ortiz es tremendamente anómala porque no hay indicios sólidos de que el filtrador de esos correos fuera él. No más que los que hay contra al menos medio centenar de personas más. E incumple el criterio habitual del propio tribunal, que en numerosas ocasiones se ha negado a investigar a aforados si no existen indicios sólidos. “No basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas”, dice la propia jurisprudencia del Supremo. Que ahora no parece regir. 

¿Un ejemplo de esta doctrina del Tribunal Supremo? Cuando esta misma Sala de lo Penal se negó a aceptar la investigación judicial contra Pablo Casado por ese máster que nunca cursó. Las evidencias en aquel caso –que también destapó elDiario.es– eran palmarias. Aún así, el Supremo rechazó investigar. 

¿Indicios sólidos contra Álvaro García Ortiz? Aquí los habría por la nota de prensa: ha reconocido su responsabilidad plena el propio fiscal general. Pero no por la filtración del correo, que niega haber hecho. Y es el propio Supremo quien dice que la nota de prensa no supone ninguna ilegalidad. 

Es muy dudoso que el Supremo pueda descubrir quién filtró a los medios ese correo. Desde luego en elDiario.es nunca vamos a revelar nuestras fuentes. Nos asiste el derecho constitucional al secreto profesional.

Puestos a hacer historia, no descarto que el Supremo ordene investigar las comunicaciones o incluso el teléfono móvil del fiscal general del Estado. Solo de él: no de las otras decenas de personas que tenían acceso a esa misma información. Si llegamos a ese punto, me apuesto lo que quieras a que las comunicaciones privadas del fiscal general del Estado terminarán filtradas a la prensa. ¿Revelación de secretos? ¡Qué va!

Lo más probable es que esta causa dentro de un tiempo se archive. Pero, en esta España de los milagros judiciales, todo proceso penal tiene su utilidad. Y aquí hay una derivada interesante: la propia investigación del Supremo, aunque quede en nada, puede servir para que Alberto González Amador plantee la nulidad de su juicio. Que pida así la libre absolución de sus delitos fiscales. Y que esta superproducción de la manipulación informativa organizada por Miguel Ángel Rodríguez sirva para que la pareja de Ayuso consiga la completa impunidad.

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido noticia por otra cuestión: por el auto donde rechazan de plano la querella que había presentado la abogacía del Estado contra el juez Peinado, por tomar declaración a Pedro Sánchez en persona, cuando como presidente tenía derecho a responder por escrito. 

En el auto del TSJ de Madrid negándose a admitir a trámite la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado, el tribunal se partió en dos. Dos de los jueces argumentan que Peinado “no quiso interrogar al Presidente por sus actos como institución, sino al esposo de la querellada”. El tercero va un poco más allá, y plantea en un voto particular que además se multe al propio Pedro Sánchez con 6.000 euros, por atreverse siquiera a presentar esta querella.

La grabación de ese interrogatorio de Peinado a Pedro Sánchez –oh, sorpresa– se filtró. Pero ya te aseguro que en este caso no habrá ninguna investigación penal por el delito de revelación de secretos. Y eso que la lista de posibles sospechosos es muchísimo más corta. 

¿Y quién nombra a estos jueces del TSJ de Madrid? Los decide el Consejo General del Poder Judicial: el mismo órgano cuya renovación la derecha ha bloqueado durante años para garantizarse su control. Y una parte es a propuesta de la Asamblea de Madrid: el mismo parlamento donde la derecha lleva más de tres décadas con mayoría absoluta. Ya te imaginarás cuánto juez progresista hay allí. 

Porque ya sabes: la justicia es ciega, todos somos iguales ante la ley y los niños vienen de París.

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Esta semana hemos sabido también que nuestro compañero Pedro Águeda ha sido imputado por el delito de revelación de secretos. Le acusa la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha perdido una primera demanda contra nosotros, en la que pedía 50.000 euros por “vulnerar gravemente su honor”. La sentencia, que aún no es firme, asegura que nuestras informaciones sobre el patrimonio de la alcaldesa –más de 12 millones de euros– o los procesos penales contra su familia por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico son noticias “de interés público” que fueron “escrupulosamente contrastadas”. Pero otro tribunal sigue investigando una segunda querella de la alcaldesa de Marbella, por lo penal, por revelación de secretos. 

Estoy seguro de que Pedro Águeda no cometió delito alguno. Espero que pronto se archive su imputación. Pero no es un trago agradable: le acusan de un delito que puede ser castigado con entre dos y cinco años de prisión. 

Lo dejo aquí por hoy. Siento haberme extendido tanto, pero había mucho que explicar. Gracias por leerme. Gracias por tu apoyo a elDiario.es

Un abrazo,

Ignacio Escolar