La Moncloa encaja muy mal los reveses judiciales, como el de la inadmisión de la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. La izquierda, en general, y el Gobierno, en particular, llevan mucho tiempo reaccionando de forma destemplada contra los jueces que se atreven a contrariar sus dogmas. La interpretación de la ley de amnistía, la anulación de nombramientos (Magdalena Valerio y Dolores Delgado), la investigación al todavía fiscal general del Estado y, este viernes, la inadmisión de la querella de Sánchez han sido motivos de descalificación insólita por el Gobierno y por sus socios. En concreto, el Ejecutivo se mostró ayer especialmente sensible por algunos pronunciamientos del auto de inadmisión de la querella de Sánchez contra el juez Peinado, que no duda en tachar de «innecesarios e inusuales». En La Moncloa no deben de saber cómo funcionan los tribunales, porque juicios sobre las intenciones espurias de los querellantes aparecen a veces en los autos de inadmisión. Lo innecesario e inusual fue la querella de todo un presidente del Gobierno contra un juez de instrucción de plaza de Castilla. La respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se corresponde con la gravedad de las imputaciones –rechazadas– al juez Peinado, y con la envergadura de las instituciones que avalaban la querella, nada menos que la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Quien atribuye a un juez la finalidad de perjudicar malévolamente al presidente del Gobierno no debe esperar menos que una valoración a la altura de su apuesta. La querella es inadmitida por especulativa y prejuiciosa, es decir, por no basarse más que en interpretaciones subjetivas de la Abogacía del Estado, cuyo acrisolado prestigio no se merecía este acto de servilismo a Pedro Sánchez. En efecto, a Pedro Sánchez, y no a la Presidencia del Gobierno, porque si algo deja claro el auto de inadmisión es que el juez Peinado nunca quiso interrogar al cargo público, sino al marido de Begoña Gómez. Es evidente que Sánchez está ya en la órbita de confundir –no es el primero– su persona con el Estado, pero los jueces no han secundado esta ensoñación cesarista, umbral de la autocracia iliberal. La propaganda del PSOE y del Gobierno –a ver cómo interpreta este auto la ministra exégeta Pilar Alegría– es ya rutinaria y previsible, tan pobre como los argumentos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, e incapaz de abarcar la saludable reacción de unos tribunales independientes que están sosteniendo el peso del Estado de derecho a pesar de una campaña de acoso impropia de una sociedad democrática europea. Afortunadamente, la Justicia española, con sus defectos y disfunciones, algunos muy serios, ha sido puesta a prueba y está respondiendo con una fortaleza admirable. No han sucumbido sus jueces a ese mantra antidemocrático de no judicializar la política, cuando lo que hay que hacer es no politizar la Justicia. Precisamente porque el Poder Judicial cumple su papel, en ocasiones hay que judicializar los comportamientos de políticos que no se someten a las leyes. Hacer lo contrario no sería preservar la separación de poderes, sino destruirla por aplastamiento del poder político y crear una casta de impunes. Pedro Sánchez confesó que gobernaría sin Parlamento; también quiere hacerlo sin jueces. La Ciencia Política tiene calificaciones diversas para el gobernante que no quiere límites a su poder. La noticia para Sánchez es que el Parlamento y la Justicia tienen reglas propias dadas por una Constitución cuyo modelo de equilibrio entre poderes es francamente molesto para la izquierda y los nacionalistas. Se llama, sencillamente, Estado democrático y de derecho.
