La Ley de Medidas de los Orzamentos para 2025 incluirá la habilitación normativa para crear la tasa turística que pide el Concello de Santiago, y que permitirá a aquellos municipios que opten por aplicarla fijar su cuantía, según lo deseen, a través de una ordenanza. Se lo han confimado este viernes el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos; y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; a la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín. Y han subrayado el carácter que tendrá el impuesto: será voluntario y estará gestionado al 100% por los ayuntamientos que decidan adoptarlo. Corgos explicó que en la Ley de Medidas se recogen las características que deberá tener esta tasa, que obligará a que el 80% –como mínimo– de los ingresos derivados de la tasa se destinen al fomento y al desarrollo del turismo sostenible. Por lo demás, contempla que los ayuntamientos establezcan un recargo sobre el impuesto «en aplicación de su autonomía municipal». Ahora bien: aquellos que decidan aplicarla tendrán que aprobar una ordenanza fiscal en la que se justifiquen sus razones, así como un análisis del impacto y eficacia que esperan obtener fruto del recargo, aunque Corgos apuntó que se prevé establecer «unos topes» máximos que «aún no están concretados». A mayores, como se adelantaba, los ayuntamientos que opten por ejercer la tasa deberán asumir las tareas de gestión, aplicación, recaudación, inspección y potestad sancionadora que lleva aparejadas; aunque, por el momento, el único municipio que ha mostrado interés en aplicar el impuesto sobre estadías turísticas es el de Santiago y «no es una demanda generalizada en Galicia», destaca la Xunta. Está previsto que la habilitación legal necesaria para comenzar a aplicarlo esté lista a partir del 1 de enero. En declaraciones posteriores al encuentro con la regidora compostelana recogidas por Ep, el titular de Facenda ha anunciado que el texto ya dispone de «líneas maestras», pero buscará «perfeccionarse» en el trámite parlamentario. Y ha avanzado que, además del «esquema básico», a nivel autonómico se regularán «supuestos de exención» de cara a la aplicación de la tasa; en concreto, estarían exentas las estancias en los albergues de la red pública del Xacobeo y las cuestiones de salud, entre otras casuísticas aún abiertas. Precisamente por el estado embrionario de la norma, Sanmartín ha considerado que «es muy pronto» para dar una fecha en la que el impuesto podría estar activo, aunque su objetivo es que sea una realidad «a lo largo del próximo año». En cualquier caso, celebró que Compostela se sitúe «a la vanguardia» con una propuesta que «finalmente» goza del visto bueno autonómico y que ve como «el primer paso» para que «muchos ayuntamientos, con posterioridad», sigan su «estela». Al acabar, ha deslizado que le hubiese «gustado» que la recaudación se hiciese «por parte de la Atriga», pero reconoció que «la propuesta de la Xunta es que sean los propios ayuntamientos los que se encarguen de esta gestión y recaudación». «No siendo nuestra opción preferente, por supuesto que nos acogemos a esta posibilidad y la aceptamos. Tenemos que mirar hacia adelante», ha concluido la regidora. En un aparte, Sanmartín ha calificado de «decepcionante» que la financiación del Estatuto de Capitalidad que percibe Santiago aumente un 10% en los presupuestos de 2025, –unos 250.000 euros–, hasta los 2,6 millones. Por contra, Corgos ha defendido que es fruto de «un esfuerzo importante» de la Xunta y ha recordado que se suma a la partida con la que se dota al Consorcio de Santiago, que «también es dinero» para la ciudad y que crece otro 10%, hasta los 3,2 millones.
