El experimento de Giorgia Meloni para gestionar los flujos migratorios irregulares construyendo un centro de internamiento en Albania donde deportar a los inmigrantes rescatados en aguas internacionales recibió su primer varapalo judicial. Apenas dos días después de que un buque de la marina militar desembarcara en el país balcánico los primeros 16 migrantes, el Tribunal de Roma decidió no validar el procedimiento de repatriación y ordenó su traslado a Italia. Los magistrados italianos se basaron en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que indica que para ser considerado seguro, un país debe serlo “en todas sus partes y para cada persona”, es decir, “no puede haber persecución, discriminación o tortura hacia nadie en ninguna zona del territorio”.
La imposibilidad de reconocer los Estados de origen de los inmigrantes como “países seguros”, explica la sentencia, implica que no se les pueda aplicar los procedimientos fronterizos acelerados para la evaluación de sus solicitudes de asilo. Por lo tanto, los inmigrantes deberán someterse al procedimiento ordinario y mientras tanto no podrán permanecer retenidos en el centro Italia ni quedar en libertad en suelo albanés ya que el acuerdo firmado con Tirana lo excluye explícitamente.
Después de meses de anuncios y retrasos, este miércoles 16 inmigrantes rescatados por la Guardia Costera italiana llegaron a Albania a bordo de la nave militar 'Libra'. En concreto, se trataba de 10 hombres originarios de Bangladesh y seis de Egipto. Una vez desembarcados fueron sometidos a un proceso de identificación en el mismo puerto de la localidad albanesa de Schenhgjin, donde Romaha levantado un primer centro para gestionar las llegadas. Cuatro de ellos fueron trasladados a Italia poco después, dos por ser menores de edad y otros dos por su condición de vulnerabilidad. El resto de los hombres fueron trasladados a un segundo centro en la vecina localidad de Gjader, en espera de que las autoridades italianas decidieran sobre sus solicitudes de asilo en el país transalpino. Un procedimiento que se completó en un tiempo récord con el rechazo de todas las solicitudes presentadas, a pesar de que no está claro si los inmigrantes fueron asistidos por abogados ni de qué manera los jueces verificaron la información aportada.
Los inmigrantes se encontraban en espera de ser repatriados cuando la sentencia del Tribunal de Roma ha dado un vuelco a su situación. Una decisión judicial que supone un duro revés para el ambicioso proyecto de Meloni, y que abre un periodo de incertidumbre. La primera ministra italiana reivindicó esta semana la medida "estrella" de su Gobierno para hacer frente a la inmigración irregular y disuadir las llegadas. Una iniciativa, inspirada en la propuesta fallida del ex primer ministro británico Rishi Sunak de deportar a Ruanda a los "sin papeles", que cuenta con el beneplácito de Bruselas, y que aplauden algunos líderes conservadores europeos y algunos socialdemócratas. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Roma es sólo la puntilla a un experimento que arrancó con mal pie a pesar de la propaganda del Gobierno de Meloni. El protocolo firmado entre Roma y Tirana contempla el derecho a utilizar dos zonas en territorio albanés donde son trasladados los inmigrantes rescatados en aguas internacionales por barcos italianos, excepto mujeres, niños y personas vulnerables. Esto implica que el 78% de los migrantes que tratan de alcanzar las costas italianas no podrán ser deportados. Y esta es sólo una de las numerosas limitaciones de la medida.
Italia construyó tres estructuras en Albania con capacidad para alrededor de un millar de personas que son administradas por las autoridades italianas, ya que la policía albanesa se ocupa exclusivamente de garantizar la seguridad en el exterior. En el primer centro permanecen retenidos los solicitantes de asilo; en el segundo, esperarán para ser repatriados aquellos a quienes las autoridades italianas hayan rechazado la solicitud; y el tercero es una pequeña prisión. En total, la gestión del centro y del personal –policía, militares, funcionarios de los ministerios de Justicia y Sanidad-- costará a las arcas italianas más de 650 millones de euros durante los cinco años que prevé el acuerdo bilateral, según datos del Ministerio del Interior. Sólo el traslado esta semana de un buque de la marina militar con los primeros 16 migrantes a bordo –y 70 tripulantes--costó 18.000 euros por cada solicitante de asilo. A pesar del revés judicial, Meloni defendió la viabilidad de su ambicioso proyecto y cargó contra la oposición, que solicitó a la UE la apertura de un procedimiento de infracción contra Italia. El ministro del Interior, por su parte, anunció que recurrirán la sentencia.
