Una de las acusaciones populares del "caso Koldo", Liberum, ha reclamado al juez que llame a declarar como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a Concha Andreu, expresidenta socialista de La Rioja.
A Torres porque como presidente autonómico de Canarias tuvo conocimiento documental o visual de la contratación que esta administración autonómica llevó a cabo para el suministro de PCR con la trama de cobro de comisiones ilegales que se investiga.
Lo mismo en el caso de Andreu, Liberum valora el testimonio que pueda ofrecer del modus operandi que presuntamente utilizaba la trama para lograr contratos públicos ya que compartió el número de su consejera con Koldo para tratar una adjudicación de estas pruebas médicas que nunca llegó a cerrarse.
Esta acusación pone de relieve, en base al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que esta "misma organización criminal", más allá de las adjudicaciones que firmaron con Transportes, aprovechó "la relación" de Víctor de Aldama con este Ministerio en la época de José Luis Ábalos como ministro "para la venta de test de detección" de la Covid, las conocidas como PCR, a través de la mercantil Fertinvest Consulting.
La asociación lo justifica ante el juez explicando que la UCO asegura que de las conversaciones de Whatsapp intervenidas entre Aldama, señalado como "líder" del entramado, y la antigua mano derecha de Ábalos en Transportes, Koldo García, se extrae que el segundo trató de "allanar el camino, a través de su relación con funcionarios públicos" para que esta sociedad vinculada al empresario "resultara adjudicataria de contratos para la realización" de las PCR.
Las gestiones con Canarias se hacían, según el informe, de manera tan directa que Koldo llegó a enviar "un audio de Whatsapp" al ahora ministro socialista cuando era presidente de estas islas presentando a Megalab -parte de Fertinvest- "como un laboratorio completamente introducido" en el archipiélago y que "había ideado un protocolo para facilitar vuelos seguros del virus".
En el audio en cuestión, subrayan los agentes de esta Unidad de la Guardia Civil, el asesor asegura a Víctor Torres que Ábalos "tenía conocimiento" de la oferta por lo que se valdría de esta baza para influir "en otros funcionarios públicos".
Se aprecia, recoge el escrito citando el informe policial, que esta actuación de Koldo "abrió las puertas de un nuevo negocio" a Aldama y sus socios.
El Servicio de Salud de Canarias adjudicó tres contratos a esta mercantil para la realización de las pruebas de la Covid por un valor total de más de 5.300.000 de dinero público.
Esta "misma operativa", aclara la UCO y recoge Liberum, "puede observarse en el caso de La Rioja". Así, Koldo consigue el contacto de la entonces consejera riojana de Sanidad, Sara Alba, y "media" para poner en contacto a la que era presidenta socialista de la región, Concha Andreu, con un socio de Aldama en estas citadas empresas, Ignacio Díaz Tapia, "con el fin de adjudicar contratos para la realización" de las PCR.
Esta parte de la acusación popular pide también al instructor, el magistrado Ismael Moreno, que interrogue a la exconsejera riojana Alba, el antiguo subdirector de coordinación socio sanitaria de esta misma región, Rubén Vinagre y al que era en aquel momento el titular de Sanidad en el Ejecutivo canario del ahora ministro Torres, Blas Trujillo.
