Si Pedro Sánchez despidió el curso político el pasado 30 de julio abriendo a regañadientes la puerta del Palacio de la Moncloa al juez Juan Carlos Peinado –tras intentar a toda cosa declarar por escrito ante el magistrado que investiga a su esposa–, las esperanzas del presidente del Gobierno estaban puestas tras el verano en que la Justicia archivase la causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra su mujer o que, al menos, Peinado terminase investigado por prevaricación.
Pero ni una cosa ni la otra. Pese a tocar a rebato en su Ejecutivo, que ha cerrado filas en sus ataques al magistrado –incidiendo en una supuesta instrucción «prospectiva»–, Peinado ha salido hasta ahora indemne (a falta de conocer el destino de la querella de Begoña Gómez contra él) tras ser avalado tanto por la Audiencia Provincial de Madrid, que se negó a dar carpetazo a la instrucción, como por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha tumbado ya dos de las tres denuncias presentadas contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la capital.
Tras la aparente tregua de septiembre, el jefe del Ejecutivo encajó el primer revés el pasado día 7, cuando la Audiencia de Madrid respaldó a Peinado y –pese al empeño de la ministra Pilar Alegría en proclamar lo contrario– negase que la investigación que lleva a cabo sea prospectiva, el mantra repetido hasta la saciedad por su defensa con el respaldo de la Fiscalía y amplificado desde el Gobierno.
Se desvanecía así –pese a que la Audiencia insistía al instructor en que debe dejar al margen la investigación del rescate de Globalia, como ya hizo el pasado mayo– el deseado archivo. Tocaba, no obstante, esperar a comprobar el recorrido judicial de las querellas contra el juez. Sobre todo, la de Begoña Gómez, cuya admisión a trámite apartaría al juez del caso. Pero tras la inadmisión de las dos primeras denuncias, nada hace esperar que a la tercera sea la vencida (y más teniendo en cuenta que ni siquiera la Fiscalía la apoya).
Pero el «octubre negro» de Pedro Sánchez en los tribunales no se circunscribe al «caso Begoña Gómez». El presidente ha visto también como la investigación judicial a su hermano, David Sánchez, sigue adelante avalada por la Audiencia Provincial de Badajoz, y cómo el «caso Koldo» tiene a su exministro José Luis Ábalos al borde de la imputación tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que señala que sus gestiones a las órdenes de la supuesta trama corrupta (como ocurrió, según la Guardia Civil, con su intermediación para sacar adelante el rescate de Globalia) llegaban hasta «el 1», como se referían al presidente del Gobierno.
El mismo 9 de octubre, trascendía que la Audiencia de Badajoz se negaba por segunda vez a fulminar la investigación contra David Sánchez por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal, negando también que la instrucción de la jueza Beatriz Biedma sea prospectiva.
Al día siguiente se dio a conocer el informe de la UCO que apuntilla a Ábalos y el día 11, la inadmisión de la primera querella contra Peinado. Y el pasado miércoles, por si fuera poco, la imputación por revelación de secretos del fiscal general, Álvaro García Ortiz –por primera vez en democracia–, que ha encontrado en el Gobierno (pero no en la mayoría de asociaciones de la carrera) el apoyo público a su decisión de no dimitir. Y para cerrar este «octubre negro» (quedan aún doce días para empeorar o mejorar las cosas), el varapalo ayer del TSJ de Madrid a la «especulativa» querella de Sánchez contra Peinado.
