El expresidente de Bolivia, Evo Morales, estaría involucrado en una investigación en su contra por presunta trata de personas y estupro en el que se acusa a Morales de haber embarazado a una adolescente durante su mandato como presidente.
Asimismo, se sumó a la investigación un audio en el que se escucha la presunta voz de Cindy, la joven que en 2018, siendo menor de edad, habría tenido una hija con Evo Morales, acusando al exlíder cocalero de los delitos que se le atribuyen. El material, difundido en redes sociales, muestra a Cindy reconociendo ser madre de una niña y afirmando que se encuentra en la clandestinidad.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, retó al expresidente Evo Morales a que, en lugar de provocar conflictos, demuestre su inocencia ante las acusaciones en su contra. Del Castillo subrayó que el pueblo boliviano tiene el derecho de conocer la verdad. "Si a mí me denuncian por un hecho de violación, yo inmediatamente solicitaría que se me haga una muestra de sangre, una prueba de ADN, retire mi cabello y realice la prueba de ADN de inmediato. Voy a demostrar que soy inocente. Eso es lo que debería hacer el señor Morales", afirmó el ministro en declaraciones a los medios en la ciudad de El Alto.
Los seguidores de Evo Morales llevan a cabo, desde el lunes, un bloqueo de caminos que ha ido extendiéndose y ha dejado al departamento de Cochabamba aislado del resto del país. Esta acción está generando pérdidas económicas, interrumpiendo el suministro normal de alimentos y podría causar escasez de combustible en algunas regiones. Según información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), actualmente hay 570 camiones cisterna varados debido a los bloqueos.
Una de las principales razones detrás de la protesta es la posible aprehensión de Evo Morales, quien no se presentó a la toma de declaraciones programada para el 10 de octubre en la ciudad de Tarija. La fiscal encargada del caso, Sandra Gutiérrez, afirmó que lo procedente es emitir un mandamiento de aprehensión. No obstante, más de una semana después de este anuncio, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló que la Policía aún no ha recibido la orden de captura.
Los simpatizantes de Morales exigen la anulación de todos sus procesos legales, que según los seguidores del evismo, forman parte de una campaña de "lawfare" destinada a poner fin a su carrera política.
Evo Morales ha acusado al gobierno de Luis Arce de reactivar el caso en su contra como parte de una "persecución judicial" con el objetivo de excluirlo de la contienda por la nominación del oficialismo para las elecciones presidenciales de 2025.
En un mensaje publicado en la red social X, Morales afirmó que el Gobierno reabrió el caso para detenerlo e incluso "acabar" con su vida. Además, sostuvo que el verdadero objetivo es "descabezar al movimiento popular boliviano". Según el exmandatario, estas acciones reflejan la desesperación del Gobierno, que no tiene respuestas para la crisis económica ni perspectivas electorales.
