El exrector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, interpuso dos demandas competenciales ante la jueza María Tupiño Salinas, con el propósito de obtener la administración de la casa de estudio, pero estas fueron rechazadas porque carecían de sustento legal.
Pero cuando la titular del 23° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima fue reemplazada por la jueza provisional Rocío Pimentel Silva, Cervantes por tercera vez presentó la misma demanda competencial y esta vez consiguió la administración de la universidad, sin cumplir con las condiciones de rector en funciones y asociado.
“Cervantes no es ni rector ni asociado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega desde 2019. La decisión de la jueza Rocío Pimentel es prevaricadora”, explicó la administradora concursal de la Garcilaso, Yuly Herrera Llamocca, designada por la Junta de Acreedores que preside la Sunat, al ser el acreedor mayoritario del centro de estudios.
La magistrada fue abogada de la universidad durante la gestión de Cervantes.
“Haciendo uso de medidas prevaricadoras, el exrector Cervantes pretende retomar el control de una universidad. No debe olvidarse que durante su gestión se generaron una serie de irregularidades que llevaron a la crisis financiera en la que se encuentra y a la denegatoria de su licenciamiento”, precisó Yuly Herrera.
En 2020, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ingresó a un proceso concursal ordinario debido a las deudas y acreencias acumaladas durante el mandato del exrector Luis Cervantes Liñán.
Como es de conocimiento público, Cervantes y sus asociados se auto impusieron exorbitantes sueldos y bonificaciones, causando un severo daño a la economía de la universidad. Se estima una cifra aproximada de S/200 millones.
“La deuda tributaria se generó por el sistema que aplicó Cervantes para el pago de remuneraciones y bonificaciones bastante altas, tanto para él como para el entorno con el que trabajaba. Se repartían ganancias que no corresponden”, indicó la administradora.
“En el caso de la deuda laboral esta fue originada por los despidos masivos de los trabajadores, sin el pago de sus beneficios sociales”, destacó.
Ante la cuestionada decisión de la jueza Rocío Pimentel Silva, quien favoreció a su exempleador en la Garcilaso al otorgarle la administración de la universidad, Yuly Herrera anunció que denunciará a la magistrada ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ).
En su propia hoja de vida, Rocío Pimentel reconoce que ejerció como abogada de la Garcilaso entre enero y diciembre de 2003, durante el mandato de Luis Cervantes Liñán, y cumplió actividades de “asesoría legal, calificación de expedientes judiciales, asistencia y seguimiento de procesos legales tramitados ante el Poder Judicial”. Es decir, fue defensora de la gestión de Cervantes.
La administradora concursal de la Garcilaso, Yuly Herrer, añadió que Luis Cervantes también ha recurrido a otra instancia judicial en su afán de recuperar el control de la universidad.
El titular del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Alcides Ramos Morán, autorizó a Cervantes el descerraje del local de Pueblo Libre, sin que este ejerza ninguna autoridad sobre el claustro universitario.
“Lo resuelto por el juez Ramos es ilegal porque no tiene competencia en la materia, por lo que la decisión se encuentra apelada y será resuelta por el superior jerárquico” apuntó la administradora concursal.
Yuly Herrera no descartó que el exrector de la Garcilaso emprenda otras acciones judiciales para recuperar la administración de la universidad, por lo que alertó a las autoridades judiciales a no dejarse sorprender.
“Es conocido que Cervantes tiene vínculos judiciales, por lo que puede conseguir nuevos recursos a su favor, así que invocamos a los jueces a estar prevenidos”, señaló Herrera.
La Universidad Inca Garcilaso de la Vega cuenta con 500 alumnos que están concluyendo con sus estudios, mientras avanza el proceso de reestructuración y de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
