El Congreso parece que tiene prisa porque la reforma legislativa que va a permitir liberar a una cincuentena de etarras entre en vigor. De hecho, este viernes la Cámara Baja ha confirmado que había remitido al Gobierno para que procediera a su publicación en el BOE, con lo que dan por terminado ese proceso cerrando la puerta a una rectificación con una premura por parte de la Mesa de la Cámara que el PP ha recurrido.
La ley que inicialmente fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que sólo en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la AVT quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos de ETA, perdió el apoyo de PP, Vox y UPN y fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta.
El Senado, con la mayoría absoluta del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo por mayoría absoluta en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda de totalidad ya que el Gobierno les había "colado" dicha reforma sin que hasta que fuera publicado por El Confidencial se hubieran percatado en comisión.
Al día siguiente, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada esa ley y enviarla al Gobierno, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
Este viernes se ha publicado ya en el Boletín de las Cortes Generales esa decisión de la Mesa del Congreso, subrayando que el Senado no comunicó su veto en los términos que exige la Constitución y que la votación de rechazo, producida fuera de plazo, "no puede considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional".
La Presidencia de la Cámara, Francina Armengol dará traslado del proyecto de ley a la Presidencia del Gobierno "a los efectos de que se someta, por el procedimiento habitual a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución", es decir, la firma por parte del Rey y la inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Con ello se aleja la posibilidad de que la Mesa del Congreso rectifique su decisión y convoque un pleno para tratar el veto del Senado, que es lo que pedía el Grupo Popular en su recurso de reconsideración.
