Presidencia de la Generalitat Valenciana apunta que cuando fue director general de seguridad industrial no tomó "ninguna decisión administrativa" previa ni firmó "ninguna resolución" respecto a la venta de las adjudicatarias, que supuso el pelotazo de las empresas de Cotino en la trama por la que ha sido condenado Zaplana
Mazón gestionaba el control de las ITV en la Generalitat Valenciana cuando la trama de Zaplana dio el pelotazo
La Presidencia de la Generalitat Valenciana niega que Carlos Mazón tuviera competencias para autorizar la venta de las ITV privatizadas juzgadas en el 'caso Erial'. En respuesta a una información publicada por elDiario.es, el departamento que dirige el hoy líder del PP valenciano, que fue director general de Consumo y Seguridad Industrial cuando la familia Cotino realizó la venta de empresas concesionarias por 37 millones de euros y consumoó el pelotazo de la trama por la que ha sido condenado el expresidente Eduardo Zaplana, recalca que la sentencia “ni cita ni vincula al actual president de la Generalitat en los hechos del caso Erial”.
“La autorización de la subrogación de las ITV no era competencia de la dirección general de Consumo y Seguridad Industrial que ocupaba Carlos Mazón -en aquel momento y desde hacía dos meses-, sino de la secretaria general de la Conselleria que es quien firma, como demuestran diversos documentos publicados en el Diario Oficial de la Generalitat”, indica el Gobierno autonómico, en respuesta a la información publicada por este diario.
Mazón fue nombrado director general del ramo dos meses antes de que se firmara la venta de una de las empresas concesionarias, la juzgada en el caso Erial, y según el reglamento orgánico de la Conselleria de Industria, su departamento era competente en “autorización, seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”, según ha publicado elDiario.es, en base a la documentación de la Generalitat Valenciana. En ningún punto del sumario o del juicio a la trama se menciona al hoy presidente autonómico.
El líder del PP “no toma ninguna decisión administrativa previa ni firma ninguna resolución que vincule cambios accionariales ni transacciones económicas entre mercantiles. Entre otras cosas porque no formaba parte de sus competencias”, recalca su departamento.
