Los magistrados, con un voto en contra, inadmiten las acusaciones que la Abogacía del Estado interpuso contra el juez por la citación como testigo del Presidente del Gobierno en su despacho de La Moncloa
La Audiencia de Madrid impulsa el caso del juez Peinado y el PP reaviva el frente de Begoña Gómez
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido inadmitir la querella que Pedro Sánchez presentó a través de la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación. El tribunal ha tomado la decisión con el voto en contra de uno de sus integrantes. “Sea acertada o no la fórmula elegida por el juez, no quiso interrogar al Presidente por sus actos como institución, sino al esposo de la querellada”, afirma el TSJM para avalar esa diligencia. El tribunal todavía tiene pendiente decidir si rechaza o admite la querella que Begoña Gómez presentó contra el juez.
El Presidente del Gobierno se querelló contra el juez que desde hace meses investiga a Begoña Gómez después de su citación como testigo, de forma presencial en su despacho de La Moncloa y no por escrito tal y como permite la ley. La Abogacía del Estado entendió que Juan Carlos Peinado podría haber incurrido en un delito de prevaricación al incurrir en “arbitrariedad” y también en un “injusto proceder” de forma “palmariamente contraria” a la normativa.
Para la Abogacía del Estado, Peinado no dedicó ni “una sola línea” para justificar que la declaración de Sánchez se realizara en persona y no por escrito. Según Peinado, Sánchez no era llamado a declarar como Presidente del Gobierno sino como esposo de la imputada, rechazando que pudiera comparecer por escrito tal y como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero permitiendo que lo hiciera en su despacho. “Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales”, argumentó la Abogacía del Estado.
La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación contra Peinado al considerar que pudo prevaricar en el proceso de citación de Pedro Sánchez como testigo, al no haber motivado “jurídicamente” la necesidad de que el Presidente del Gobierno declarara de forma presencial en La Moncloa y no por escrito, como permite hacerlo la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio Público solicitó la apertura de diligencias para averiguar si detrás de esta decisión había “una finalidad ajena al proceso” sin que esto sea una “simple discrepancia jurídica” que se pueda resolver a través del sistema de recursos.
El Tribunal Superior de Madrid rechaza ahora estas acusaciones de prevaricación e incluso acusan a la Abogacía del Estado de interponer una querella de “carácter especulativo” contra Peinado, destilando un “prejuicio” y afirmando que obedece “al intento de tergiversar” el delito de prevaricación. La citación de Sánchez como testigo, afirma el TSJM, “se hizo claramente por actos no derivados del ejercicio de las funciones de Presidente”.
Esta no es la única querella por prevaricación que pesa sobre Juan Carlos Peinado por su gestión de las diligencias en las que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez. La propia esposa del Presidente del Gobierno, a través de su abogado Antonio Camacho, presentó una querella contra él, ampliando las acusaciones a otras decisiones que ha tomado a lo largo de los últimos meses desde su juzgado: una causa, denuncia, “perversa y prospectiva” basada en una denuncia de organizaciones de extrema derecha como Manos Limpias, HazteOir o el partido Vox.
La Fiscalía se ha opuesto a la admisión de esta querella al entender que las quejas de la esposa del Presidente del Gobierno deben resolverse por la vía de los recursos y no como un caso de presunta prevaricación.
Los mismos jueces del TSJM rechazaron también una tercera acción penal contra Peinado, esta procedente de Máximo Pradera, que acusa al instructor de revelación de secretos por algunas comunicaciones públicas del caso a través del gabinete de prensa cuando pesaba el secreto de sumario sobre la causa. En este asunto la Fiscalía ha pedido que se rechace la querella de Pradera pero que se investigue si una de las acusaciones populares, el abogado Aitor Guisasola, incurrió en revelación de secretos al comunicar determinadas decisiones a través de su cuenta en la red social X y su canal de YouTube donde acumula cientos de miles de seguidores.
