Las suspensiones contra la reforma judicial tienen detenida la organización de la elección y pueden llevar al Instituto Nacional Electoral (INE) a una fase extrema, advirtió Guadalupe Taddei, consejera presidenta, en conferencia de prensa realizada luego de la conmemoración del aniversario 71 del voto de las mujeres.
Al corte de la tarde de ayer, el organismo había sido notificado de 140 suspensiones para no realizar acción alguna para la elección judicial.
“Los tiempos se van acortando en términos de implementación de las tareas que tiene que realizar este instituto, y claro que coloca en una situación extrema las acciones que tiene que tomar este instituto, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen”, dijo.
“¿Nos meterá en un apuro esta espera de no avanzar con actos jurídicos del Consejo General? Sí nos meterá en una complicación, pero lo tenemos que resolver”, agregó.
Recordó que ante dichas suspensiones, el INE solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que las detenga, pero no ha habido respuesta.
Se le preguntó respecto de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que el instituto no puede estar en pausa debido al mandato de organizar la elección.
“Sí. Muchas voces se han elevado, no solamente en la Presidencia de la República. Hay académicos que opinan que no podemos estar acatando estas disposiciones de jueces, pero nosotros hemos decidido ser respetuosos de las atribuciones de los jueces”, aseveró.
Un juzgado de Colima incluso ha perfilado multar a los consejeros con 54 mil pesos, de no acatar la suspensión. Sin embargo –acotó–, el INE perfectamente sabe que los amparos no proceden en materia electoral.
Agregó que el INE únicamente avanzó en la instalación de la comisión organizadora y ni siquiera se avanzó hacia la mesa que se debía tener con el Senado y el Consejo de la Judicatura Federal.
En entrevista aparte, la consejera Norma de la Cruz, integrante de la Comisión Temporal del Proceso Judicial, consideró que el INE sí debe ir avanzando, para que cuando les den “bandera verde” puedan trabajar.
De momento, se analizan la reforma constitucional, las leyes secundarias y la convocatoria, debido a que hay contradicciones, indicó.
“En esta última convocatoria, varias de las cosas que se tenían que resolver no están; por ejemplo, dicen que la armonización de la geografía electoral y judicial la tiene que hacer el instituto. Eso tendría que ser algo que nos tendría que dar la ley”, remarcó De la Cruz.
Ejemplificó que el decreto de reforma hablaba de colocar el nombre de la persona por la que se vota, y luego la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que será voto válido incluso con una marca.
“Esto puede ser discriminatorio porque tenemos un número de personas que no saben leer y escribir o que no escribimos legible”, abundó.
Agregó que tampoco hay claridad en el simulacro de elección, que prevé la convocatoria por medios electrónicos, sin efectos vinculantes.
Asimismo, dijo que no está claro cómo se resolverá la paridad y la calificación de la elección: “Todo en esa convocatoria es impugnable”.
Los consejeros también se verían ajustados en la definición del presupuesto que requiera la elección, pues tienen que entregarlo el 15 de noviembre a la Cámara de Diputados.
Por considerar que significan la “destrucción de la justicia” en México, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se sumó a las suspensiones y presentó un juicio de amparo en contra de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.
El coordinador priista en San Lázaro, Rubén Moreira, anunció que presentó un amparo contra la reforma judicial y sus leyes secundarias ante un juez de distrito en Querétaro, que –dijo– fue aceptado y está en el proceso de ser resuelto.
Comentó que en estos momentos existe “una gran controversia en el país, ya que el gobierno federal y su partido han decidido terminar con la justicia en nuestra nación” y expresó su rechazo a que, “mediante mecanismos como la tómbola, quieran destituir a jueces y magistrados”, por lo que consideró necesario “detener todos estos intentos contra buenos juzgadores y contra el personal del Poder Judicial”. —Víctor Chávez
