Todo comenzó en diciembre de 2020, al detectar la Guardia Civil la existencia de numerosos traslados transfronterizos ilícitos de residuos de construcción y demolición (RCD.s), con origen en Francia y destino a varias empresas españolas con sede en la provincia de Guipúzkoa. Estos residuos, que tenían que ser destinados a eliminación, eran declarados en España como valorización (residuos a los que se les puede dar otro uso). Ahora, cuatro años más tarde, en el marco de la Operación “ZIKINA”, los agentes investigan a seis personas físicas y dos jurídicas pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos entre Francia y España.
Las investigaciones de las autoridades francesas centraban sus pesquisas en las actividades de dos empresas ubicadas en territorio francés, relacionando las mismas con tres empresas gestoras de residuos ubicadas en la península.
Posteriormente a través de una Orden Europea de Investigación (OEI) se coordinó la explotación de la operación, realizando siete registros simultáneos, dos en territorio francés y cinco en territorio nacional.
De los registros realizados en las tres empresas ubicadas en España, se incautó documentación que acreditaba los traslados de residuos y la vinculación entre las empresas investigadas, tanto en papel como en soporte digital mediante el volcado de datos.
Cada año se transportan entre países de la UE unos 70 millones de toneladas de residuos de los que entre un 15% y un 30% podrían ser ilegales. Solo en la Unión Europea, según estudios recientes, el tráfico ilícito de residuos genera anualmente ingresos de entre 4.000 y 15.000 millones de euros.
Día Mundial de Protección de la Naturaleza
La Guardia Civil, en lo que llevamos de año, ha realizado un total de 4.861 actuaciones penales por delitos relacionados con el medio ambiente, en las que se ha detenido/investigado a 2.884 personas, con una tasa de esclarecimiento superior al 80%.
Destacan los delitos de maltrato de animales domésticos (792), los delitos urbanísticos (544) y los delitos de incendios forestales (322), además de los de abandono de animal doméstico (175), delitos de caza (138) y otros delitos relativos a la protección de la flora y la fauna (196).
Actualmente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), con sus 36 años de experiencia y sus cerca de 2000 componentes, constituye una herramienta única, que no existe en casi ninguno de los países de nuestro
entorno, y que es presentada como referente en la lucha contra este tipo de delitos a nivel mundial. En la mayoría de países existen unidades policiales pequeñas especializadas en delitos medioambientales, pero que no constituyen unidades específicas independientes al estar encuadradas en otras superiores.
El SEPRONA, por el contrario, es una unidad con una estrategia global de protección del medioambiente, llevando a cabo labores de concienciación, prevención, vigilancia administrativa y, algo que es fundamental, es por ley la policía judicial específica en materia medioambiental. Esta dualidad (desarrollo de funciones tanto en ámbito administrativo como penal) le confiere una habilitación especial en el desarrollo de la función de protección integral del medioambiente.
