La Comisión de Salud Pública, compuesta por todas las comunidades autónomas, ha bloqueado este pasado jueves la propuesta de un plan de prevención y control de enfermedades respiratorias, como la COVID-19, la gripe y el virus sincitial respiratorio (VRS). Este plan, impulsado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García, contemplaba, entre otras medidas, la reimposición del uso de mascarillas en los centros sanitarios en caso de que se produjese un aumento significativo de los contagios.
Las comunidades autónomas rechazaron el texto debido a "criterios técnicos", aunque el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró que más bien se trató de un rechazo por aspectos políticos de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, en lugar de por un aspecto técnico, algo que calificó de una "enorme irresponsabilidad".
No obstante, el borrador de la "Evaluación del riesgo y recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas" de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad se ha quedado en el tintero al ser rechazado por gran parte de la Comisión de Salud Pública.
Pese a que la intención del Ministerio de Sanidad era establecer cuatro escenarios de riesgo en función de diversos indicadores, utilizando como referencia datos como la tasa de incidencia, el número de hospitalizaciones y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para implementar medidas homogéneas en todo el territorio nacional, si bien se contemplaba la posibilidad de que cada comunidad autónoma añadiera medidas complementarias en función de su situación particular, el borrador no ha salido adelante.
Tal y como se ha podido saber, hasta 16 comunidades autónomas, de las 19 delegaciones participantes en la Comisión de Salud Pública, incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han rechazado implementar este plan de prevención impulsado por Mónica García.
En este sentido, las autonomías que no habrían aceptado el documento por "cuestiones técnicas" serían todas aquellas gobernadas por el Partido Popular (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Melilla, Murcia y Comunitat Valenciana), a las que se habrían sumado Canarias, gobernada por Coalición Canaria, Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, y Navarra, liderada también por el PSOE de María Chivite. No obstante, el Principado de Asturias y País Vasco todavía no se habrían pronunciado.
Por ello, dada la situación actual tras la Comisión de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad ha convocado una nueva reunión extraordinaria para el próximo mes de noviembre, con el propósito de volver a analizar y debatir las medidas a adoptar en relación con esta cuestión.
