La congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruíz Rodríguez, ha presentado un proyecto de ley (PL) que busca otorgar 20 días de trabajo remoto para padres de familia con el fin de "fomentar la participación activa en el cuidado del recién nacido y fortalecer los lazos de familia". La propuesta legislativa establece que estos 20 días otorgados son adicionales a los 15 días de la licencia de paternidad que establece la ley N° 29409 .
De acuerdo al documento que accedió La República, el PL N° 9221/2024-CR tiene como objetivo "apoyar a la madre durante ese proceso crítico, además de eliminar las barreras que impiden la participación activa de los padres en el cuidado de sus hijos". Asimismo, se busca contribuir a un entorno más equitativo y favorable para el desarrollo del bebé y el bienestar laboral. En esa misma línea, se pedirá al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizar las campañas de difusión y concientización sobre los beneficios del trabajo remoto para los padres.
La iniciativa menciona, además, que los padres trabajadores, tanto del sector público como privado, serán los beneficiarios de estos 20 días de trabajo remoto luego de haber tomado los 15 días de licencia por paternidad, siempre y cuando sus funciones se puedan llevar a cabo bajo la modalidad del trabajo virtual.
"Serán beneficiarios de esta ley todos los padres trabajadores, tanto del sector público como del privado que se encuentren en relación de dependencia laboral. Se concede a los padres trabajadores, cuyas funciones se puedan realizar bajo esta modalidad, 20 días de trabajo remoto, a continuación de la licencia por paternidad establecida por la ley a solicitud del trabajador", dice el documento al que accedió este medio.
La iniciativa de ley plantea que, en caso de que la empresa vulnere el derecho de laborar de manera remota luego de los 15 días de licencia de paternidad, el trabajador podrá presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), entidad que impondrá las sanciones correspondientes a la empresa infractora.