El actual presidente recibió en 2004 las competencias en seguridad industrial, que incluían la "autorización, seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos", aunque la sentencia del 'caso Erial' no lo cita ni lo vincula a la trama delictiva
Claves del juicio al “grupo criminal” del 'molt honorable' Eduardo Zaplana
El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, fue el director general responsable de las inspecciones técnicas de vehículos cuando los hermanos José y Vicente Cotino hicieron efectivo el 'pelotazo' de las ITV acreditado en el 'Caso Erial'. La tarea de su departamento era, entre otras, realizar “seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”. Bajo su gestión, dos de los empresarios que pagaron comisiones a Eduardo Zaplana revendieron la empresa que recibió la adjudicación del servicio, obteniendo un notable beneficio económico.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que condena al expresidente Eduardo Zaplana a diez años de prisión, acredita que el exministro con Aznar y su entonces jefe de gabinete percibieron comisiones ilícitas tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. También que los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos del exconseller Juan Cotino, pagaron al exmandatario comisiones por las citadas adjudicaciones y posteriormente vendieron su empresa. La mercantil Levantina de Obras y Servicios, del grupo Sedesa, vendió la empresa adjudicataria de las ITV por 37 millones de euros siete años después. Los Cotino confesaron haber pagado comisiones a Zaplana en Luxemburgo y obtuvieron una plusvalía de 86 millones de euros entre las ITV y los parques eólicos.
La sentencia, recurrible, no menciona ni alude al actual responsable de la Generalitat Valenciana, ni lo vincula a los hechos delictivos, pero dibuja un cronograma que coincide con el momento en que el actual jefe del Consell acababa de llegar al departamento competente en las inspecciones. Carlos Mazón fue nombrado director general de Comercio y Consumo en 2003 con el Gobierno de Francisco Camps. En plena batalla política por el control del PP, el joven de Nuevas Generaciones que había sido aupado por Eduardo Zaplana obtuvo un cargo en el Consell presidido por su rival político. Un año después, ya en 2004 y hasta 2007, pasó a ser director general de Consumo y Seguridad Industrial, según figura en su propio currículum, disponible en el portal de transparencia.
El nombramiento de Carlos Mazón fue publicado en el DOGV el 6 de septiembre de 2004 como director general de Seguridad Industrial y Consumo, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Un mes más tarde, el 1 de octubre de 2004, otro decreto firmado por Francisco Camps aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, donde Mazón era director general. En esta norma, donde figuran las responsabilidades de cada departamento, se indica que la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo, que ocupa Mazón, es competente en “la elaboración de la normativa y planes de actuación, coordinación y control en las materias de seguridad industrial y metrología”, la “elaboración de estudios, informes y propuestas sobre resolución de expedientes, procedimientos, organización y ordenación en la materia seguridad industrial y metrología” y en “la realización de actuaciones relativas a la autorización, seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”. En 2003 las competencias en seguridad industrial dependían de la Dirección General de Industria y Energía, entonces bajo la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sin referencias concretas en el ROF a las competencias en inspección de vehículos.
En 2005, Mazón, entonces responsable de Industria aseguró que las ITV valencianas “funcionaban con agilidad”. En una información recogida por Las Provincias del 19 de mayo de 2005, el hoy presidente y líder del PP valenciano respondía a una acusación de una asociación de talleres mecánicos que pedía “mayor rigor” en las inspecciones técnicas. Los talleres pidieron participar en las funciones de las ITV que habían sido privatizadas ocho años atrás. La noticia hace referencia a unas declaraciones de Mazón en las que saca pecho de que la Comunitat Valenciana era “pionera” en la incorporación de la prueba contra el ruido. Esta prueba, cuestionada por un informe del Gobierno valenciano, encarecía el precio de la inspección entre 8 y 10 euros para los conductores y es una de las que provoca el desajuste de precios entre comunidades autónomas. El Gobierno valenciano, con la popular Isabel Bonig como consellera del ramo, elaboró un informe que apuntaba a una sobrefacturación de las pruebas, pero una sentencia del TSJ desautorizó el informe del Consell dando la razón a la empresa demandante. Mazón tumbó a Bonig como presidenta del PP valenciano en 2021 con el apoyo de la dirección nacional del PP en la madrileña calle de Génova, que forzó la marcha de la que había sido dirigente durante casi dos legislaturas.
Los hechos probados de la sentencia del 'caso Erial' establecen un cronograma de las adjudicaciones, que recoge la complejidad del proceso técnico. En julio de 1996 se crea una mesa para la racionalización del sector público, en el marco de la que se crea la Mesa de Contratación de las adjudicaciones de las ITV, con el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, como responsable. En este proceso participaron distintos departamentos del Gobierno valenciano.
Uno de los lotes de las inspecciones, el lote 1, se adjudica a una unión de varias empresas, entre las que están las de los Cotino. Dice la sentencia: “El lote 1 se adjudicó a la UTE Valenciana de Revisiones SL, formada por las empresas Servicios de Excavaciones (Asedes Capital), Levantina de Obras y Servicios (LOE) y la sociedad Iteuve. El canon fijado para la adjudicación de dicho lote fue de 5.823.318,12 euros”. Asedes Capital formaba parte del Grupo Sedesa, donde operaban los hermanos y su tío.
La sentencia, en sus hechos probados, prosigue: “Levantina de Obras y Servicios (LOE) adquirió la totalidad de las participaciones de Servicios de Excavaciones en fecha 8 de octubre de 2002 y Servicios de Excavaciones en fecha 10 de mayo de 2002 había adquirido la totalidad de las participaciones del capital en poder de Iteuve”, y después: “La resolución de 31 de octubre de 2002 de José Antonio Manteca Pérez, Secretario General de la Consellería de Industria, Comercio y Energía, autorizó la subrogación del lote 1 a la mercantil Valenciana de Revisiones SL”.
El fallo señala que la empresa de los Cotino, Levantina de Obras y Servicios, del grupo Sedesa, vendió sus participaciones en escritura pública del 29 de noviembre de 2004 por 43 millones de euros, aunque finalmente obtuvo 37 millones. En ese momento, y según el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, Mazón llevaba dos meses en la dirección general competente en las ITV, aunque el texto judicial no hace ninguna mención a su responsabilidad. Ni el actual presidente ni el departamento que gestionaba aparecen citados en el texto de la Audiencia Provincial de Valencia, pese a ocupar el cargo. Cuando al presidente de la Generalitat le preguntaron por la condena a su antecesor, se limitó a manifestar respeto por las decisiones judiciales. La oposición en las Corts Valencianes, formada por el PSPV y Compromís, le recordó a Mazón sus vínculos con Zaplana: “Es su hijo político”.
