El fiscal general salva el trámite de la cúpula, donde ocho de los treinta asistentes piden su salida; y es ampliamente cuestionado por su decisión de no dimitir en el Consejo Fiscal, de mayoría conservadora
Verdades y mentiras sobre la causa contra el fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vivió este jueves una de las jornadas más complicadas desde que está al frente del Ministerio Público. Un día después de que el Tribunal Supremo abriera una causa contra él, reunió a los dos órganos asesores de mayor relevancia en la carrera para explicar a sus miembros por qué está convencido de que debe seguir en el cargo y escuchar sus consideraciones. Ambas reuniones, celebradas en un tono afable, evidenciaron la división de la institución, con voces favorables y críticas con su decisión. Estas últimas, abanderadas por los sectores más conservadores de la carrera, muy beligerantes con García Ortiz prácticamente desde que fue nombrado máximo representante del Ministerio Público.
Por la mañana, el fiscal general salvó el trámite de la Junta de Fiscales de Sala, donde están representados los miembros de la máxima categoría de la carrera. De los treinta asistentes, ocho —entre ellos, los cuatro que ejercieron la acusación en el procés— afirmaron de forma expresa que lo más apropiado sería su dimisión para salvaguardar la imagen y la credibilidad de la institución. Además, otras tres intervenciones fueron confusas, con apelaciones a la complicada situación a la que este asunto aboca a la carrera; y una decena de intervinientes respaldaron sin ambages a García Ortiz.
En el Consejo Fiscal de por la tarde no hubo sorpresas: una mayoría mostró su desacuerdo con la decisión de García Ortiz seguir al frente de la Fiscalía. Este órgano, que asesora al fiscal general, está dominado por las asociaciones conservadoras que ya habían pedido públicamente su renuncia apenas horas después de que trascendiera que el Tribunal Supremo había abierto una causa contra él por la supuesta filtración de unos correos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investiga por haber defraudado 350.000 euros.
En sus intervenciones, García Ortiz insistió en que ni él ni su entorno filtraron ningún correo y que, en consecuencia, está convencido de que el caso se acabará archivando, por lo que mantenerse en el puesto es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo. También defendió que entre las funciones de la Fiscalía está informar de los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y que la nota de prensa, de la que se hizo responsable públicamente, fue para reivindicar el papel del Ministerio Público frente a la difusión de un “bulo”.
Esta tesis fue respaldada por una decena de los fiscales de Sala que tomaron la palabra durante la reunión de la mañana. Entre esas voces se escucharon las de quienes alertaron del mal “precedente” que podría sentar su dimisión, dado que bastaría cualquier querella más o menos argumentada para apartar a todo un fiscal general. E incluso hay quien habló de “capricho” de la Sala Penal al referirse al auto que, por unanimidad, acordó investigar la supuesta filtración de esos correos aunque, por el momento, no exista ni un indicio de responsabilidad del fiscal general.
Ante estos posicionamientos hubo otras intervenciones ambiguas, más centradas en las consecuencias que esta investigación puede tener para la institución que en la decisión del fiscal general. Por ejemplo, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se mostró menos optimista en cuanto al poco recorrido que puede tener la causa que vaticina el fiscal general y su entorno y advirtió de que el escenario se puede complicar en función de cómo vaya evolucionando la investigación.
Entre los fiscales de Sala hay un grupo, constituido principalmente por fiscales veteranos, que mantienen un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula del Ministerio Público. Son básicamente los mismos que se posicionaron a favor de investigar la querella del empresario González Amador y que ha acabado derivando en la apertura de una causa contra García Ortiz o que rechazaron que se aplicara la amnistía a Carles Puigdemont.
Este grupo lo lideran los cuatro fiscales del procés —Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno—, que abanderaron este jueves las posiciones más críticas con la decisión del fiscal general. Y que mostraron su profunda preocupación por las consecuencias de esta investigación para la imagen y la credibilidad de la institución. También se sumaron a este posicionamiento otras figuras de alto nivel como la fiscal de criminalidad informática, Elvira Tejada; y los fiscales del Supremo Antonio Narváez, José Javier Huete y José Miguel de la Rosa.
Ya por la tarde, García Ortiz tuvo que pasar el trago de que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —ambas conservadoras— le instaron a dimitir en el Consejo Fiscal. En esa reunión únicamente recibió el respaldo de los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que estaba afiliado hasta que fue nombrado, y de las dos vocales natas: la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite, también afines a él.
La mayoritaria Asociación de Fiscales ya dejó por escrito en un comunicado publicado este miércoles que García Ortiz debería “reconsiderar” su decisión “por el bien de la institución”. A su juicio, su continuidad en el cargo “pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera” más allá de este proceso por “los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación”. Por su parte, el vocal de la APIF volvió a solicitar su renuncia para evitar el “daño” que, según su criterio, hace su continuidad a la carrera y porque se “defenderá mejor” estando fuera del cargo.
Por contra, la UPF también evidenció el miércoles su “apoyo” a la actuación del fiscal general y mostró su “total discrepancia” con la argumentación que llevó al alto tribunal a tomar esa decisión dado que consideran que los hechos investigados no son delito. Asimismo, esta asociación mostró su “profunda preocupación por la presión y el desgaste” al que está siendo sometido el fiscal general y toda la institución.
